San Luis Potosí se mantiene con una calificación negativa en los cinco ejes que revisa el Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL), realizado por la organización Causa en Común, que evalúa a las corporaciones policiacas estatales y la federal.
El INDEPOL verifica cómo están las policías estatales y federal en función de lo que establece la ley respecto al desarrollo policial, para lo cual califica la existencia de mecanismos institucionales necesarios para el desarrollo policial, por ejemplo, si las corporaciones tienen un catálogo de perfil para todos los puestos; si la Academia tiene las instalaciones necesarias para preparar a los policías; si los policías tienen seguro de vida; o si dan de baja a los policías que no aprobaron los exámenes de control de confianza.
El estudio se realiza con solicitudes de información, entrevistas y encuestas, y maneja un rango de calificaciones de 0 a 100 puntos con la posibilidad de caer en una escala negativa para evidenciar las situaciones de incumplimiento de la ley en las que se encuentran la mayoría de las corporaciones policiales del país.
Así, en un comparativo de los resultados obtenidos por San Luis Potosí en 2016 con los de 2017, se observa que en el eje de “Carrera policial” la entidad mantuvo una calificación -11, ya que en 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatorias de ascensos, incluso el estudio señala que durante la visita se mencionó que la última convocatoria de ascensos se realizó en 2010.
En el eje de “Profesionalización” se tuvo una mejoría, aunque la entidad sigue sin alcanzar una calificación positiva, pues pasó de -27 en la evaluación de 2016, a -2 en la revisión de 2017; esta mejoría se atribuye a que 19% de los mandos policiacos tienen formación militar.
En “Régimen disciplinario”, la policía estatal potosina avanzó apenas un punto al pasar de -53 en 2016, a -52 el año pasado; detalla que no se cuenta con un código de ética y conducta específico para policías, que la Unidad de Asuntos Internos no realizó inspecciones de campo en 2017 puesto que apenas comenzaba a operar, que no hay un catálogo de faltas y sanciones, la ley no establece el derecho de defensoría pública para los policías, y aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.
En lo que corresponde a “Seguridad Social”, la calificación pasó de -50 a -53, pues lo oficiales no cuentan con la prestación de paternidad y no hay normatividad sobre el régimen complementario de seguridad social.
En el último eje, correspondiente a “Certificación”, se reportó un retroceso al pasar de -38 a -56, esto derivado de que la Comisión de Servicio de la Carrera Policial solamente sesionó una vez en 2017, y a finales de año había mandos y elementos operativos con certificado de control de confianza pendiente de renovación.
A ello se suma que a pesar de que a finales de 2016 hubo 10 mandos y 274 elementos que no aprobaron la evaluación de control de confianza, en 2017 no reportaron bajas por este tema.