SLP estará entre las 10 entidades con menor pobreza: RGC

Los programas que despliega la administración estatal en las cuatro regiones de la entidad serán auditados con la finalidad de hacer más eficiente el combate a la marginación y la pobreza, esta acción dará certeza de que los recursos son utilizados en forma correcta.

Así lo informó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien aseguró que, con esta y otras acciones de fortalecimiento a los programas sociales, su administración ubicará a San Luis Potosí entre los cinco u ocho estados del país con menor índice de pobreza.

Esto se hará, destacó el mandatario estatal, en los municipios que históricamente registraban mayor rezago, además de que se invertirán más recursos para generar infraestructura a favor del bienestar social de las y los potosinos.

Los gobiernos de la “maldita herencia” estancaron en la pobreza a los municipios de Santa Catarina y Aquismón, precisó, por lo que a nuestra llegada aumentamos entre 12 y 17 por ciento el presupuesto destinado a la política social, asimismo más de la mitad de la población de dichas alcaldías ya son beneficiarios de alguno de los programas sociales estatales.

La estrategia del gabinete social del actual gobierno, añadió, es extender estos beneficios a los municipios con problemas similares, para que disminuya la pobreza al término del sexenio.

Confirmó que la infraestructura social será elevada a rango constitucional, “para que la partida presupuestal anual de 500 millones de pesos, que maneja la Sedesore, tenga certeza y pueda continuarse con su aplicación en el combate a la pobreza y marginación”.

Hoy medio millón de potosinas y potosinos tienen un programa social del Gobierno del Estado, como apoyo a madres solteras, adultos mayores, o la beca alimentaria; con el ajuste a la Constitución Política de San Luis Potosí, los recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional estarían etiquetados para utilizarlos en la generación de infraestructura social.

Finalmente, Gallardo Cardona explicó que lo anterior se lograría a través de un mecanismo similar al que se aplicó para otorgar esta garantía a los programas sociales, “uno con el que cada sexenio se obligue a garantizar su ejecución, con independencia de filiaciones políticas”.