/ lunes 12 de noviembre de 2018

Rebasado, por los delitos y más el NSJP

"El aparato gubernamental no se encuentra al 100% preparado, no hay infraestructura para una respuesta rápida, hay un sistema burocrático, falto de efectividad y de capacitación"

La falta de capacitación de las autoridades, la carencia de infraestructura y el incremento desmedido de los delitos, rebasó al Nuevo Sistema de Justicia Penal, aseguró, el Presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especialista en Oralidad, Efraín Torres Salazar; a tres años de su implementación en la entidad, solo ha generado impunidad y una liberación sin control de delincuentes, sostuvo.

Recordó que desde el 2008 comenzó la ejecución de este sistema en el país, y que San Luis Potosí fue de los últimos Estados en “migrar” a las nuevas disposiciones legales. A 10 años de su implementación, continua siendo “deficiente”.

“Inicio en Chihuahua y Guanajuato, ellos mismos pronosticaron que nosotros nos íbamos a morir y hasta las otras generaciones iban a perfeccionar este procedimiento. El aparato gubernamental no se encuentra al 100% preparado, no hay infraestructura para una respuesta rápida, hay un sistema burocrático, falto de efectividad y de capacitación”.

Detalló que existe un desconocimiento total de la operación del nuevo sistema, desde las autoridades que procuran justicia hasta la propia ciudadanía, lo que ha permitido que muchos delincuentes obtengan su libertad, provocando que la población deje de interponer denuncias, por el temor a las represalias.

Reveló que al menos en esta entidad, no hay certeza jurídica; del 100% de los ilícitos que se cometen, solamente se denuncian un 15%; “hablamos de delitos sexuales, violaciones, robos, homicidios, no interponen demandas porque es pérdida de tiempo y saben que no van a repararte el daño”.

Además, la carencia de infraestructura y el aumento desmedido de los delitos, son otros de los factores que mantiene “desfasada”, la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que en San Luis Potosí, apenas se implementó hace tres años, detalló.

“El desconocido y la falta de interés de la sociedad, ahorita hay nuevas salas para que la gente vaya y vea y conozca cómo se está llevando a cabo una audiencia, y va usted y están solas, la gente no va, hasta que les pasa, y de ahí viene también la falta de credibilidad, y no demandan, porque dicen va a salir y va haber represalias”.

Urge la capacitación a las policías, tanto municipal como estatal, son las menos preparadas para este sistema, y los primeros respondientes en un hecho delictivo. Además urge la preparación de la policía ministerial y los ministerios públicos, explicó.

También, el Gobierno del Estado, debe destinar recursos, para facultar a los abogados postulantes, “nosotros nos rascamos con nuestras propias uñas. No destinan recursos para infraestructura, para peritos, médicos legistas en el nuevo sistema, traductores, no hay nada”.

“El gobernador Juan Manuel Carreras, debe de destinar los recursos necesarios para tener la infraestructura el personal capacitado, los armamentos, el equipo técnico, y jurídico para atender todo lo que este nuevo sistema de justicia penal acusatorio”.

La falta de capacitación de las autoridades, la carencia de infraestructura y el incremento desmedido de los delitos, rebasó al Nuevo Sistema de Justicia Penal, aseguró, el Presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especialista en Oralidad, Efraín Torres Salazar; a tres años de su implementación en la entidad, solo ha generado impunidad y una liberación sin control de delincuentes, sostuvo.

Recordó que desde el 2008 comenzó la ejecución de este sistema en el país, y que San Luis Potosí fue de los últimos Estados en “migrar” a las nuevas disposiciones legales. A 10 años de su implementación, continua siendo “deficiente”.

“Inicio en Chihuahua y Guanajuato, ellos mismos pronosticaron que nosotros nos íbamos a morir y hasta las otras generaciones iban a perfeccionar este procedimiento. El aparato gubernamental no se encuentra al 100% preparado, no hay infraestructura para una respuesta rápida, hay un sistema burocrático, falto de efectividad y de capacitación”.

Detalló que existe un desconocimiento total de la operación del nuevo sistema, desde las autoridades que procuran justicia hasta la propia ciudadanía, lo que ha permitido que muchos delincuentes obtengan su libertad, provocando que la población deje de interponer denuncias, por el temor a las represalias.

Reveló que al menos en esta entidad, no hay certeza jurídica; del 100% de los ilícitos que se cometen, solamente se denuncian un 15%; “hablamos de delitos sexuales, violaciones, robos, homicidios, no interponen demandas porque es pérdida de tiempo y saben que no van a repararte el daño”.

Además, la carencia de infraestructura y el aumento desmedido de los delitos, son otros de los factores que mantiene “desfasada”, la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que en San Luis Potosí, apenas se implementó hace tres años, detalló.

“El desconocido y la falta de interés de la sociedad, ahorita hay nuevas salas para que la gente vaya y vea y conozca cómo se está llevando a cabo una audiencia, y va usted y están solas, la gente no va, hasta que les pasa, y de ahí viene también la falta de credibilidad, y no demandan, porque dicen va a salir y va haber represalias”.

Urge la capacitación a las policías, tanto municipal como estatal, son las menos preparadas para este sistema, y los primeros respondientes en un hecho delictivo. Además urge la preparación de la policía ministerial y los ministerios públicos, explicó.

También, el Gobierno del Estado, debe destinar recursos, para facultar a los abogados postulantes, “nosotros nos rascamos con nuestras propias uñas. No destinan recursos para infraestructura, para peritos, médicos legistas en el nuevo sistema, traductores, no hay nada”.

“El gobernador Juan Manuel Carreras, debe de destinar los recursos necesarios para tener la infraestructura el personal capacitado, los armamentos, el equipo técnico, y jurídico para atender todo lo que este nuevo sistema de justicia penal acusatorio”.

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