Operadores del sistema de justicia penal acusatorio y oral, realizaron un conversatorio sobre el Registro Nacional de Detenciones en las instalaciones del Poder Judicial del Estado.
La magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura destacó que la relevancia de este conversatorio interinstitucional, radica en encontrar un punto de convergencia en la interpretación de los requisitos formales y de la legalidad en la detención que sirva para prevenir casos de desaparición forzada, tortura, tratos crueles e inhumanos y otras conductas que flagelan a la sociedad.
Dentro del ciclo de conversatorios promovidos por el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General del Estado, sobre temáticas abordadas en la “Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad”, en esta ocasión representantes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Fiscalía General de la República, de la 12ª. Zona Militar, del Centro Nacional de Inteligencia en el Estado, de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, de la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado, de los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, de la Defensoría Pública del Estado, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), compartieron criterios para asegurar que las detenciones se verifiquen con estricto cumplimiento a las disposiciones legales aplicables; más de 200 funcionarios de las instituciones mencionadas, participaron vía zoom en esta actividad.
Con la representación del Gobernador del Estado, acudió el maestro Ángel Gonzalo Santiago Hernández, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos dijo que estos diálogos interinstitucionales permiten construir certeza jurídica en la población y transparencia en la actuación de las autoridades.
El fiscal Especializado en Derechos Humanos, Arturo Gómez Martínez, en representación del Fiscal General del Estado, destacó la relevancia de estas prácticas interinstitucionales en uno de los más importantes temas que involucran a los operadores del sistema de justicia penal.
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