Que la CEDH no esté solo de adorno en casos como el de La Pila: Iglesia

Instituciones como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos deben cumplir su función en situaciones como la ocurrida en el centro de reinserción social de La Pila la semana pasada, señaló Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Luego de la revuelta ocurrida en el penal de La Pila la semana pasada, cuando internos se opusieron a un traslado a otros centros penitenciarios y terminó con el asesinato de dos policías estatales, se divulgaron videos presuntamente del interior de este lugar, en los que se observan malos tratos e incluso lo que aparenta ser abuso sexual en contra de las personas privadas de la libertad.

Al respecto, Cruz Perales destacó que “hay instituciones que tienen que llevar a cabo su papel, me refiero a Derechos Humanos, que no sean nada más instituciones de adorno”, sino que deben estar al tanto de las condiciones que se viven dentro de los centros penitenciarios y de lo que ocurre en situaciones como la acontecida el jueves pasado.

Sostuvo que estos actos de violencia son reales en el centro penitenciario, entonces debe ser tomado como una emergencia por parte de la Comisión de Derechos Humanos, “debe estar al tanto, que no sean de adorno, nada más para cuestiones de primer cuadro, ahí está el trabajo y hay que implicarse en ello”.

Cabe recordar que posterior a lo ocurrido en el penal de La Pila, la CEDH informó que fueron abiertas quejas de oficio por esos hechos.

A través de un comunicado de prensa, el organismo informó que personal de la Tercer Visitaduría se presentó en las instalaciones de dicho penal, con el fin de fungir como observadores y recabar las quejas de las personas privadas de la libertad y sus familiares, ante las posibles violaciones de derechos humanos de las que pudieran ser víctimas.

De la misma forma y según lo atestiguado por las y los visitadores presentes y al seguimiento de información vertida por medios de comunicación locales, se iniciaron quejas de oficio ante la existencia de presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de población privada de la libertad, así como en agravio de agentes adscritos a la Guardia Civil del Estado.