El diputado Jorge Luis Miranda Torres presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el ejercicio de las Profesiones en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de establecer como obligatoria la retribución para estas personas, a fin de garantizar estabilidad y seguridad económica entre los prestadores de servicio social.
Lo anterior, porque resulta un obstáculo para quienes estudian el asistir a realizar su servicio social, más para quienes cursan la preparatoria, ya que la gran mayoría aún dependen de sus padres, y para quienes lo realizan en la universidad, se convierte en una controversia dejar de lado su trabajo (para quienes cuentan con él) y hacer su servicio sin alguna remuneración de por medio, cuando muchos dependen directamente de sus propios ingresos laborales para costear sus estudios, vivienda, alimentos, transporte y ayudar con los gastos de su familia.
En la exposición de motivos de la iniciativa presentada se señala que el servicio social es el trabajo de carácter temporal que prestan los estudiantes y los profesionistas, en beneficio de la sociedad y del Estado, en cumplimiento con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), en San Luis Potosí existen 182,203 estudiantes de educación media superior y educación superior, distribuidos en las diferentes carreras educativas que son bachillerato general, tecnológico, profesional técnico bachiller, profesional técnico; así como las diversas licenciaturas y licenciaturas tecnológicas, todas estás dentro del ámbito público y privado educativo que por Ley y requisito indispensable de titulación deben cursar un servicio social que consta de un periodo no menor de seis meses y no mayor a un año, este servicio en la mayor de las ocasiones es sin recibir alguna remuneración o beca por parte de la institución educativa en la que estudian o por la dependencia o empresa en la que prestarán el servicio.
Si bien la definición "servicio social", anteriormente mencionada es retribuir un servicio al Estado, es importante mencionar que al ejercerlo se requiere un gasto no sólo de tiempo sino también monetario, es el caso de estudiantes de preparatoria y universidad, que utilizan hasta cuatro camiones para acudir a sus centros de estudio a realizar su servicio.
Se agrega que aunque en la ley ya se contempla el que se remunere a quienes presten el servicio social, la iniciativa de reforma es para garantizar una remuneración de manera obligatoria, asegurando una estabilidad económica mientras lo realizan.
La iniciativa del legislador Miranda Torres se analiza en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.
