67 mil 887 personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa podrían quedar libres, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza invalidar el Artículo 19 Constitucional que contempla esta figura, alertó Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación.
“Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como sabemos, es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva”, detalló la funcionaria federal.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes, Alcalde Luján detalló que los más de 67 mil presuntos responsables están acusados de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, violación, narcotráfico y narcomenudeo, portación de armas o explosivos, feminicidio, pederastia, abuso infantil, corrupción de menores y delincuencia organizada.
La entidad potosina se encuentra en el lugar 11 de estados que concentran a reclusos en prisión preventiva oficiosa, con 1 mil 807 personas privadas de su libertad bajo esta figura.
En el top 5 se encuentran el Estado de México, con 21 mil 718;Jalisco, con 8 mil 342;Veracruz, con 4 mil 554; Michoacán, con 3 mil 315; y Puebla, con 3 mil 44 personas en prisión preventiva oficiosa.
Además, Luisa María Alcalde explicó que en diversas entidades del país se ha ordenado a jueces conceder suspensiones de amparo en este ámbito:
“Diversos juzgados federales han ido aún más lejos porque, sin que la suprema corte de la justicia se haya pronunciado sobre este tema, el pleno de la región Centro Norte, que comprende 18 estados (entre los que se encuentra San Luis Potosí), emitió ya una jurisprudencia que ordena a todos los jueces de estos 18 estados a conceder suspensiones de amparo que promuevan las personas que tienen órdenes de aprehensión precisamente por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.
La titular de Segob informó también que se envió una carta a Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN donde se externa la preocupación del gabinete de Seguridad ante esta posible decisión.
¿En qué afectaría eliminar la prisión preventiva oficiosa en México?
Durante su intervención en “La Mañanera” de López Obrador, Alcalde Luján explicó que eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa pondría en riesgo la seguridad de testigos, víctimas, policías y jueces por posibles represalias, para la población en general por riesgo de reincidencia en la comisión de delitos y para el sistema de justicia, que tendría una mayor carga de trabajo.
Sin embargo, organizaciones para la defensa de derechos humanos han criticado el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa como alternativa para impartir justicia en México; el Centro ProDerechos Humanos, al respecto, indicó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos “no está en contra de la prisión preventiva sino de su abuso; de que sea regla y no excepción”.
El centro también detalló de qué forma puede emplearse esa figura legal, sin que implique la violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad:
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