De esta manera, se propone establecer que los centros de rehabilitación o salud mental ya sean públicos o privados, estarán obligados a designar un tutor o representante legal del paciente o interno al momento de comenzar a utilizar los servicios de salud o rehabilitación, quién deberá dar seguimiento al tratamiento y cuidado del usuario; en caso de incumplimiento de alguna de las partes, se dará vista a la Fiscalía del Estado para que determine la sanción correspondiente.
La legisladora explica en su exposición de motivos, que los centros de atención a personas con adicciones, públicos o privados, han rebasado el control de las autoridades por no haber políticas publicas adecuadas para dar seguimiento a lo que ya establece la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí y de algunas otras leyes relacionadas con el tema.
Esto ha provocado que en dichos centros se cometan actos que atentan contra la naturaleza de su función, siendo el caso de no respetar los derechos de los pacientes o internos, maltrato físico, psicológico, venta de sustancias prohibidas, o uso indebido de las instalaciones.
Agrega que el no responsabilizar a un tutor o representante legal de dar seguimiento al tratamiento del paciente o interno, se ha considerado un gran detonador de las consecuencias descritas.
Señala que por desgracia, la drogadicción ha incrementado de manera exponencial en todo el país en los últimos años, y “de ser un lugar de paso, los mexicanos nos volvimos consumidores de diversos tipos de narcóticos; las adicciones son un problema no solo individual sino social y de interés público ya que afecta a la población en su conjunto”.
La Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se creó para dar seguimiento al compromiso contraído al formar parte de la Organización Internacional de la Salud y acordar dar seguimiento al plan de acción sobre salud mental 2013-2020 y por ello, indica la diputada, con esta iniciativa se busca contribuir al perfeccionamiento de la citada ley y del ordenamiento de carácter internacional.
La propuesta fue turnada para su análisis a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y Derechos Humanos, Igualdad y Género.
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