La violencia familiar se ha convertido en un problema grave y constante en la sociedad potosina, y así lo revelan las alarmantes cifras otorgadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2022.
Durante este primer trimestre del año sumaron 1 mil 915 denuncias por este delito en el estado, de ellas 568 corresponden al mes de enero, 629 en febrero y 718 en marzo.
Es decir casi la tercera parte de las cifras que se presentaron a lo largo del año pasado 2021, de las cuales sumaron un total de cinco mil 971 casos.
Actualmente este tipo de violencia viene tipificada en el Código Penal del estado de San Luis Potosí, en su artículo 215, el cual señala que: "Comete el delito de violencia familiar quien en contra de su cónyuge, concubina o concubinario, o persona que mantenga o haya mantenido una relación de hecho, pariente consanguíneo en línea recta ascendiente o descendiente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado o adoptante, cometa actos abusivos de poder u omisión intencionales, dirigidos a dominar, someter, controlar o maltratar de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, independientemente de que pueda producir o no lesiones, y de otros delitos que resulten".
Este delito se puede sancionar hasta con seis años de prisión, o bien, con una sanción pecuniaria de cien a seiscientos días de la unidad de medida y actualización; asimismo, el culpable perderá el derecho de pensión alimenticia y se le condenará a participar en servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos.
La atención que requiere la violencia familiar debe considerarse de interés social, y de relevante atención pública, es por ello que actualmente se mantiene vigente la Ley de Prevención y Atención de Violencia Familiar.
Sin embargo, a pesar de que exista una competencia como esta Ley para delegar tareas y funciones que contrarresten y traten de erradicar este malestar social en el estado aún existen demasiadas áreas de oportunidad qué atender.
Y ante esto, la falta de atención, seguimiento y acciones que ayuden a coadyuvar para que se garantice la prevención de este delito, es una situación que sobrepasa a cualquier dependencia.
Actualmente en San Luis Potosí capital existe solo un refugio para mujeres y sus hijos que enfrentan este tipo de violencia.
Se trata de la asociación civil Otra Oportunidad A.C., que se dedica a la atención integral y Especializada para mujeres y niños víctimas de violencia familiar, sexual y de género. Sin embargo, la ayuda y las acciones que se necesitan para combatir y concientizar sobre este tema son escasas. Así lo mencionó, la abogada y especialista en violencia de género Leticia Enríquez Cordero, quien actualmente trabaja desde la sociedad civil en la zona Altiplano del estado.
La experta señala que esto se debe a que las instancias encargadas por velar por la integridad de las mujeres y sus familias no han desarrollado las condiciones protectoras óptimas para que se disminuyan los riesgos de violencia.
"Más allá de sensibilizar a la población hay que escucharla y concientizarla sobre esta problemática. Hay una necesidad de mejorar la calidad de vida de la personas y para ello es necesario que conozcan los riesgos de mantener relaciones violentas en su entorno familiar".
En este sentido, Enríquez Cordero apunta que existen condiciones sociales y psicoemocionales para que estas relaciones de violencia se den de manera continua y entre ellas destaca el maltrato sufrido en la infancia, la competencia socioemocional de los padres, el estrés y dificultades socioeconómicas y por último la ausencia de apoyo.
"¿Cómo ayudarles? Las familias y en este caso las madres y padres deben de tener acompañamiento psicológico, que les ayude a resolver los conflictos sin violencia. Mejorar la comunicación, pero sobre todo cuando ya existen acciones que vulneren la calidad de vida de cualquier integrante de la familia, denunciar será primordial".
Sobre esta línea, la experta enfatiza que para que estas cifras de violencia se reduzcan, es imperante que se activen acciones para prevenir estas vulneraciones a los derechos humanos de cualquier persona.
"El riesgo de la violencia familiar aumenta cuando el nivel de tensión y dificultad con el que se enfrenta la familia supera a su capacidad para afrontarlo de forma positiva, entonces para prevenir la violencia conviene mejorar la calidad de la vida familiar y salir del aislamiento, incrementando las relaciones y el apoyo social. Pero sobre todo brindarles las herramientas necesarias para que sepan que hay otras maneras de resolver los problemas", explicó.
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