Podría haber violencia de seguir con desarrollos habitacionales en la sierra

Desarrolladores inmobiliarios han convocado nuevamente a asamblea con la intención de conformar ahora, una supuesta “asociación en participación”

Mayra Tristán

  · miércoles 17 de julio de 2019

Hay un riesgo de violencia que no se había visto en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierrablanca y San Miguelito, advirtió Carlos Covarrubias Rendón, asesor legal de comuneros que se niegan a entregar sus propiedades para el desarrollo habitacional en la zona.

Un grupo de comuneros acompañados por el abogado, se reunió este miércoles con el Secretario General de Gobierno para advertirle del riesgo de un enfrentamiento en la comunidad de San Juan de Guadalupe, donde desarrolladores inmobiliarios han convocado nuevamente a asamblea con la intención de conformar ahora, una supuesta “asociación en participación”.

Covarrubias Rendón indicó que en primer término, esa figura no está contemplada en la ley agraria, por lo que sería ilegal dicha asociación, además de que a través de ella, los desarrolladores “pretenden consumar el despojo de tierras comunales, están presionando a los comuneros, ofreciendo dinero; no hay cambio de uso de suelo, no se ha generado el cambio del plan de desarrollo urbano y aún así quieren llevar a cabo el evento”.

Manifestó que los desarrolladores ofrecen 25 mil pesos a los comuneros para que cedan sus propiedades para la urbanización de la sierra, y si se logra concretar el despojo, el metro cuadrado en la zona tendrá valor de 10 mil pesos, por lo que además de invadir la sierra, se abusa de los comuneros.

Indicó que “ya solicitamos la intervención de las autoridades federales en materia de delitos financieros para ver de dónde sale el dinero para cooptar a los comuneros”, y además solicitaron al Secretario General de Gobierno, que la autoridad estatal así como los notarios que dependen del gobierno estatal, se abstengan de participar en la asamblea, pues destacó que ya hay un amparo para evitar que la Procuraduría Agraria asista.