No presentó cuenta pública y se le vinculó a proceso seis años después

Seis años después de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una demanda penal contra el ex director general del Organismo Operador de Agua El Peñón, José Ángel N., por haber omitido la entrega de la Cuenta Pública 2015, finalmente la Fiscalía General del Estado logró vincularlo a proceso penal aunque seguirá en libertad.

Incluso ya no existe el organismo descentralizado que dotaba de agua potable a los municipios de Tamuín y Ébano, pero el presunto responsable deberá enfrentar el proceso por el delito de ejercicio indebido de la función pública.

José Ángel N. enfrentará su proceso en libertad y no podrá salir del país como medida cautelar, en tanto la autoridad competente dicte sentencia. Asimismo, deberá pasar revista mensual en la Unidad de Medidas Cautelares ubicada en Ciudad Valles, como lo señala el artículo 323, fracción VIII del Código Penal vigente en 2016, fecha en que se configuró la comisión del delito.

En relación con ello, la titular del organismo fiscalizador, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, manifestó que la ASE seguirá señalando las responsabilidades que se determinen durante la revisión de las cuentas públicas, y actuará con firmeza ante las autoridades sancionatorias, para que los involucrados en ilícitos inherentes a la función pública, en ningún caso gocen de impunidad.

Asimismo, mencionó que éste es el segundo caso en la historia de San Luis Potosí que deriva en proceso penal a causa de omisiones en la entrega de cuentas públicas, ya que con anterioridad se dictó una sentencia condenatoria en contra de ex funcionarios municipales de Tamuín, por haber presentado ese documento de manera extemporánea.

Mencionó que en enero de 2017, el Congreso del Estado determinó la disolución de El Peñón por motivos de insuficiencia presupuestal, técnica y administrativa que le impedían seguir operando, y ordenó la conformación de un Comité de Agua Rural para Tamuín y otro para Ébano; esto previo análisis conjunto efectuado por la ASE, la Comisión Estatal del Agua y los propios ex presidentes municipales.