Manuela García Cázares: se “interpretó” la ley para que sea fiscal por 7 años

En sesión ordinaria y por unanimidad, el pleno del Congreso del Estado eligió a la licenciada María Manuela García Cázares como Fiscal General del Estado (FGE) por un periodo de siete años a partir de la fecha y hasta el 22 de mayo de 2031.

Fue elegida de una terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, completada por Ranulfo Rodrigo Cano Vargas y Luis Ricardo Molina Corpus; su último encargo fue como magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y presidenta del Consejo de la Judicatura, donde solicitó licencia para separarse hace unos días.

La nueva fiscal rindió protesta en una sesión solemne a la que acudió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia magistrado Arturo Morales Silva, así como el secretario general de gobierno José Guadalupe Torres, magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

El diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la Comisión de Gobernación, señaló que se hizo una interpretación de la ley, para elegirla por siete años y no por cinco meses que es el tiempo que resta al periodo de Federico Garza; diputados del PRI y del PAN se sumaron a la propuesta.

Dijo que las comisiones de Justicia y Gobernación recibieron en días pasados una terna para que, dentro de estos tres perfiles, las y los diputados eligieran a quien ocupará el cargo de Fiscal General del Estado. En el texto enviado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado se propone que sea para ocupar el cargo por los próximos siete años “situación que fue analizada con profundidad en el interior de las comisiones y emitimos un dictamen en ese sentido”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

“Los tres perfiles que se presentan son profesionistas de mucha experiencia. Todos ellos cumplen los requisitos que marca nuestra norma. Es una decisión que tomamos de manera consciente porque creemos que es lo mejor que le puede pasar a nuestro Estado, que le demos estabilidad y certidumbre a este órgano tan importante como es la representación social del pueblo de San Luis Potosí”.

Añadió el diputado Fernández Martínez que “la norma constitucional que está siendo controvertida en diferentes espacios, es una norma ambigua, que no es precisa y que da mucho espacio a la interpretación. Por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros como legisladores y dentro de las comisiones de análisis legislativo, es interpretarla de acuerdo a nuestro artículo primero constitucional. Hacer caso a las personas que nos presionan para que nombremos un fiscal por seis meses sería ir contracorriente a este artículo constitucional”.

“Nuestra obligación como legisladores es generar un entorno de gobernabilidad, de justicia, porque la suma de ambos ya da como resultado que vivamos en una sociedad en paz. Respeto y valoro mucho la decisión de cada uno de mis compañeros legisladores, pero estamos ante una decisión histórica y de asumir todas nuestras responsabilidades por el bien de San Luis Potosí”.

“La Fiscalía General del Estado es un órgano que requiere funcionalidad, estabilidad, certidumbre, proyectos a corto, mediano y largo plazo. Por eso, desde las Comisiones de Justicia y Gobernación, mandamos un mensaje votando con unanimidad esta propuesta”.

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Cumplió requisitos

El dictamen de las comisiones unidas establece que la licenciada María Manuela García Cázares, cumplió los requisitos de ley para ser designada Fiscal General del Estado.

Los primeros requisitos que establece el artículo 99 de la Constitución Estatal, se encuentran acreditados con el acta de nacimiento y la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, de la profesionista propuesta, en los que consta el lugar y fecha de nacimiento, que es mexicana; que cuenta con la edad requerida por el artículo 24 de la Constitución Particular del Estado, para ser ciudadana, y con la calidad de potosina necesaria para ser considerada como tal, en virtud de cumplir lo señalado en el artículo 21 de la misma; y que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

La profesionista propuesta, cuenta con la cédula profesional de Licenciada en Derecho, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el 16 de julio de 1991, por lo que cubre con amplitud el término de diez años señalado en la fracción II del artículo 99 de la Constitución Política Estatal.

En cuanto al ejercicio profesional requerido por el mismo, consta en el currículum vitae de la abogada propuesta, las actividades en las que se ha desempeñado durante ese período. Para cubrir lo señalado en la fracción III del invocado arábigo 99 de la Norma Fundamental del Estado, se acompaña en el expediente en estudio carta de no antecedentes penales, expedida siete de mayo de dos mil veinticuatro, por la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado, en la que consta que la profesionista propuesta no tiene antecedentes penales; así como el currículum vitae y documentos adjuntos, en los que consta las actividades que ha desempeñado.

Para comprobar la temporalidad de la residencia en el Estado que establece la fracción IV del multicitado artículo, se anexa al expediente constancia de residencia, expedida por el secretario del ayuntamiento de San Luis Potosí, el 7 de mayo de 2024.

Bajo protesta de decir verdad, la abogada propuesta declara no haber ocupado dentro del término de un año anterior a la fecha, el cargo de Secretaria de Despacho, o su equivalente; Fiscal General del Estado; Diputada Local o Presidenta Municipal, por lo que no se encuentra impedida para ocupar el cargo en virtud de lo que establece la fracción V del ordinal 99 de la Constitución Política del Estado.

Los extremos de la fracción VI se colman con el escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en ninguno de los supuestos que ahí se enlistan.

"Las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras, al revisar minuciosamente el currículum vitae de la Licenciada María Manuela García Cázares, hemos encontrado que además de cumplir con precisión cada uno de los requisitos establecidos en el numeral 99, de la Constitución Política del Estado, reúne las características de amplia experiencia profesional en el área del derecho, que dan cuenta de su capacidad y mérito para desempeñar con eficiencia y profesionalismo el cargo de Fiscal General del Estado, para el que ha sido propuesta por el Lic. José Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador Constitucional del Estado".