Este viernes se publicó el Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis Potosí, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto Estatal de Acciones para el Cumplimiento de Medidas Específicas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la entidad potosina.
En el convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación se explica que el pasado 8 de mayo de 2018, el Secretario General de Gobierno de San Luis Potosí solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) recursos federales para el acceso a los subsidios destinados para el Proyecto Estatal de Acciones para el Cumplimiento de Medidas Específicas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí.
En el convenio se detalla que el Proyecto Estatal de Acciones para el Cumplimiento de Medidas Específicas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de San Luis Potosí, consta de cinco componentes: el primero de esos componentes es la “Capacitación para el fortalecimiento de la valoración, implementación y monitoreo de las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia”, con el objetivo de emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia.
El componente dos corresponde al “Diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres”, para generar acciones específicas de prevención de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí.
Como componente 4 se señala la “capacitación para el fortalecimiento municipal del Programa de Reeducación de Personas con comportamientos violentos”, con lo que se busca contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres a través de la atención a personas generadoras de violencia.
Y el componente 5 se refiere a la consolidación del modelo de identificación de riesgo en mujeres víctimas de violencia y atención oportuna, para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio.