Con la participación de órganos electorales y jurisdiccionales, se instaló en el Congreso del Estado una mesa de trabajo en materia de violencia de género que analizará todas las iniciativas que se han presentado hasta el momento.
Las diputadas Beatriz Benavente, Paola Arreola, Marite Hernández y Rosario Sánchez manifestaron la importancia de trabajar de manera conjunta para contar con un andamiaje jurídico eficiente para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, de manera que todo lo que quede plasmado en la legislación sea operativo por parte de las instancias encargadas de la atención de este tema.
La maestra Claudia Almaguer, de la Mesa Interinstitucional Especializada en Feminicidios, señaló que se ha advertido del incremento de casos de violencia contra las mujeres, por lo que es muy importante que atienda esta problemática y agradeció que el Poder Legislativo abra el espacio para un trabajo conjunto.
La subprocuradora de Delitos Sexuales Juana María Castillo Ortega indicó que en este análisis debe tomar en cuenta la pluriculturalidad del estado, y reconoció el esfuerzo que se realizará en conjunto con el Congreso del Estado para que en las propuestas de reforma a la legislación se tomen en cuenta las experiencias de las instancias que atienden esta problemática.
La magistrada Rebeca Anastacia Medina del Supremo Tribunal de Justicia del Estado señaló que es importante el esfuerzo por actualizar la legislación en materia de derechos humanos y perspectivas de género, para lograr una igualdad sustantiva.
En su intervención, la presidenta Consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Laura Fonseca Leal manifestó que se requieren mayores avances en el tema de violencia política de género, y definir facultades de las autoridades mediante la armonización de legislación, y garantizar tanto que las mujeres obtengan candidaturas y que después puedan desarrollar su función en los cargos para los que son electas.
La magistrada Denisse Porras, del Tribunal Electoral del Estado, indicó que una de las propuestas que se plantearán es la pérdida del registro de un candidato cuando se acredite la violencia política en razón de género, para establecer reglas claras en las próximas elecciones.
Las licenciadas Martha Luz Rosillo, de la Defensoría Pública, y Alejandra Orantes de la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado, manifestaron la disposición para colaborar en el análisis a las propuestas planteadas en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres.
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