En San Luis Potosí siete de cada 10 personas que trabajan en el sector agropecuario están en la informalidad, lo que refleja el alto número de empresas principalmente de los sectores de la manufactura y de la agroindustria de exportación, que no están cumpliendo con lo que marca la reforma laboral en el tema de la subcontratación.
A partir de la publicación la próxima semana de los nuevos criterios las empresas de estos giros tendrán 90 días para regularizar la situación de sus empleados, posterior a ello, dará inicio el programa de verificación que se pondrá en marcha de forma conjunta entre estado y federación.
Cabe destacar que el corte, cosecha y recolección de naranja, tomate y chile, no serán reconocidos como trabajos especializados, por lo que ya no serán objeto de subcontratación.
Así o comentó en su visita a San Luis Potosí, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno federal, quien detallo que con las visitas de verificación podrá asegurarse que se respeta la ley de subcontratación, los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las normas fiscales y en materia de seguridad social.
“En aras de consolidar un modelo laboral más justo que se respeten los derechos sobre todo en el sector agrícola, vamos a hacer una estrategia conjunta con el gobierno del estado fortalecer la coordinación en materia de vigilancia e inspección, esperamos tener resultados en los próximos meses”.
Actualmente 70 mil personas trabajan en la agroindustria como asalariados, de estos, solo 23 mil están registrados ente el IMSS, por lo que se pretende a través de la estrategia conjunta con el gobierno del estado, integrar a los las de 47 mil restantes a la formalidad.
En lo que compete al sector de la manufactura, se registra un avance de 8 mil 500 trabajadores reconocidos, “probablemente existan cerca de 5 mil trabajadores los que falten de regularizarse”.
Alcalde Luján sostuvo que históricamente se han debilitado las secretarías del trabajo y la función de inspección y verificación, haciéndose más pequeña la tarea de inspección laboral, creciendo por ello la impunidad laboral.
