Funcionarios judiciales presentaron una solicitud de juicio político en contra del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, Juan Paulo Almazán Cue, a quien acusan de abuso de poder, ejercicio indebido de funciones y violaciones a sus derechos humanos. Al lugar donde presentaron la denuncia, llegó una mujer que acusó de corrupción a uno de los denunciantes.
En representación de diversos funcionarios judiciales, Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de Abogados Postulantes Especialistas en Oralidad, informó que este miércoles se hizo entrega al Congreso del Estado, de una solicitud de juicio político contra el presidente Poder Judicial, misma que consta de 144 fojas y un anexo de alrededor de 50 pruebas documentales, testimoniales y algunas inspecciones que prueban sus acusaciones.
Manifestó que entre las acciones atribuidas al presidente del Poder Judicial está el que el juez Emilio Ortiz Monroy “fue removido de primera instancia por no votar por Carlos Díaz Flores como presidente de la Asociación de Jueces… vienen represalias y cambios de adscripción sin fundamento”, además de que este martes se le notificó que fue suspendido por acuerdo del Consejo de la Judicatura en sesión plenaria del 22 de agosto, misma que dijo, es inexistente ya que no aparece en la página de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), donde se publican todas las sesiones.
Otro caso es el de Adriana Monter, quien a decir del abogado, fue removida del cargo con uso de documentos falsos para favorecer el nombramiento de otra persona; mencionó también que a Juan Fernando Salazar le han negado derechos burocráticos y ha tenido constantes cambios de adscripción; Javier Pérez Contreras tiene persecución por no atender intereses del presidente; y Julián Ruiz Contreras ha sufrido persecución y ha tenido cinco cambios de adscripción en un año por renunciar a ser juez de oralidad.
Al lugar llegó una mujer de nombre María Elena Mireles, quien dijo haber estado casada por 20 años con el padre de Julián Ruiz, y acusó a este último de ser corrupto, de aceptar dinero a cambio de liberar a delincuentes, de ser responsable de la muerte del hijo de Tomás Rosales, de ordenar el decomiso de tráileres y mercancía, y de impedir que sus hijos reciban la pensión que les corresponde, “no dejan que su papá le hable a mis hijos, me los tratan de unos bastardos, me los tratan de todo, por eso les digo que este juez es corrupto, en La Pila lo corrieron por recibir dinero a manos llenas para poder fincar un terreno, todo lo que ellos tienen lo han hecho de malos manejos que se llevaban cuando él estaba de juez La Pila”.
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