Ha siete años de su brutal muerte, la justicia norteamericanafalló a favor de la familia del inmigrante potosino AnastasioHernández Rojas asesinado a manos de una docena de oficialesfederales fronterizos. Los hijos del mexicano recibirán unaindemnización de un millón de dólares.
El 28 de mayo de 2010 el potosino fue aprendido a dos metros dedistancia de la barda fronteriza de San Isidro por los oficialesquienes golpearon en repetidas ocasiones hasta provocarle muertecerebral, además de darle descargas eléctricas. El suceso fuevideograbado por testigos donde se observa la brutalidad policiacay se escucha la voz de Anastasio pidiendo piedad y clemencia, perolos oficiales norteamericanos no se conmovieron.
El médico forense de San Diego, California, que estuvo a cargodel caso, determinó que la muerte del mexicano fue por homicidio,debido a los repetidos golpes y descargas eléctricas quesufrió.
Han pasado ya cerca de siete años por fin los hijos deHernández Rojas serán compensados económicamente por el gobiernode Estados Unidos.
La cantidad de 1 millón de dólares recibirán los hijos delmexicano resolvió la Corte Federal en Arizona.
Los hijos de Hernández Rojas recibirán la cantidad menos250,000 dólares por honorarios de abogados y gastos que serealizaron en el largo proceso de la demanda.
La noche del 28 de mayo de 2010, Humberto, joven estudiante demedicina alcanzó a observar un grupo de agentes de la PatrullaFronteriza y otros de gris que identificó como elementos deAduanas y Protección Fronteriza. Los grabó con su celular.
Anastasio estaba tirado bocabajo, tenía las manos esposadashacia atrás y un agente lo tenía sometido con la rodilla en laespalda, otro mantenía su pie en el cuello del mexicano, un tercerelemento participaba en la inmovilización.
Cuando ya se encontraba sometido y pidiendo ayuda, más agentesestadounidenses llegaron en otras patrullas y apenas bajaron de losvehículos arremetieron a golpes hasta que uno de ellos hizo unaseñal y todos se retiraron del hombre tirado.
Fue el momento en que iniciaron las descargas eléctricas.
Los golpes iniciaron en un área cercana al cerco que divide losdos países, pero conforme llegaron más uniformadosestadounidenses el potosino fue arrastrado hasta una zona alejadade la vista pero eso no impidió que se les grabara.
La indignación llegó a la comunidad latina cuando en noviembrede 2015, el Departamento de Justicia optó por no presentar cargoscriminales a doce agentes federales, incluyendo supervisores, aldeterminar que no había evidencia suficiente para comprobar queestos actuaron con malicia.
El cierre de la investigación federal derivó en que en marzode 2016 activistas defensores de derechos humanos y familiares delindocumentado enviaron el caso para análisis ante la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (CIDH).
El acuerdo que, aún debe ser aprobado por un juez federal,establece que la indemnización e un millón de dólares serádividida entre los cinco hijos de Hernández, mientras que sedestinaría cerca de 25% para cubrir los gastos de representaciónlegal, indica la solicitud presentada ante la corte del distritosur de California.
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