El Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PI-PEA), es el resultado de la colaboración entre el gobierno, la academia y la sociedad civil, quienes han trabajado para diseñar e implementar políticas y acciones efectivas contra la corrupción.
Así lo destacó el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Jesús Rafael Rodríguez López, durante la presentación del programa de implementación de la Política Estatal Anticorrupción y el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, que tiene como objetivo construir un estado más transparente, equitativo y justo.
“El programa se ha desarrollado en consonancia con la Política Nacional Anticorrupción y cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
El programa se compone de siete ejes, 62 prioridades, 124 estrategias y 248 líneas de acción que deberán ejecutarse en las cuatro regiones del estado, para ello se elaboró un diagnóstico situacional sobre la corrupción en el estado, que permitiera conocer la problemática de la corrupción en la entidad y la revisión y análisis de los mecanismos con los que se cuenta para combatirla”.
La revisión del monitoreo permitirá identificar los aspectos susceptibles de mejora y en caso de ser necesario, podrán modificarse estrategias, líneas de acción, indicadores y/o metas.
“Los informes anuales de avance de cumplimiento se compartirán de manera transparente con el público y las autoridades pertinentes; la rendición de cuentas es fundamental para mantener la confianza y el apoyo a las acciones anticorrupción”.
Para el cumplimiento de las metas establecidas dentro del programa, se establecieron tres plazos, acorde a los niveles de complejidad para su instrumentación en la administración pública: el corto plazo sería 2024-2025, mediano 2025 a 2028 y largo de 2028 a 2030, según el tiempo estimado que conllevará alcanzar sus metas.
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