La violación de los Derechos Humanos ha ocupado mayor visibilidad en San Luis Potosí, sin embargo, ¿qué pasa con las víctimas luego de atravesar una lucha legal por el acceso a la justicia?
Uno de estos procesos son las sentencias finales qué cuantifican una compensación y en ellas se incluye la reparación integral del daño. Dicha indemnización debe entenderse como un derecho de los gobernados y una obligación del Estado a manera de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Actualmente la institución encargada de realizar esta compensación es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), la cual dio a conocer a través de una solicitud de información que durante el año pasado de enero a diciembre se emitieron 16 resoluciones por casos a la vulneración de Derechos Humanos, a las cuales se destinó un total de 765 mil 30 pesos por concepto de daño moral.
"Las resoluciones emitidas han sido por casos relacionados a los derechos humanos de la protección a la salud, a la legalidad y seguridad Jurídica, a la libertad y seguridad personal, a la integridad, por omisión de protección a personas, derecho al trabajo, no discriminación al derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, trato digno y a la libre manifestación de ideas", informó la CEEAV.
El tiempo que puede transcurrir para que la CEEAV dictamine una reparación integral consta de un plazo de 90 días contados, a partir de la resolución correspondiente, por ello este año 2022 definir las cifras requiere de un diagnóstico de espera según los caos que registren.
Por otro lado estás reparaciones integrales de daño incluyen además la asistencia a las víctimas por parte de la CEEAV, quienes durante el año 2021 otorgaron 70 mil 202 servicios.
De las cuales se dirigen acciones proporcionadas por parte del área de psicología, trabajo social y asesoría jurídica.
Pero ¿Qué dicen las víctimas?
Lamentablemente, existen algunas omisiones de esta institución para con las víctimas, como lo es el caso de la señora Silvia Castillo Hernández, madre de Alan Francisco Ibarra Castillo desaparecido y asesinado en el año 2019.
Un caso por el cual se emitió una de las últimas recomendaciones (23/2022) dirigidas a la CEEAV por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en febrero de este año, por violaciones a los derechos de Silvia Castillo como víctima al no brindarle protección , auxilio y reubicación de domicilio.
Esto luego de que ella denunció ser víctima de hostigamiento por parte de tres jóvenes supuestamente implicados en el homicidio de su hijo.
No obstante, la señora Castillo Hernández señala que actualmente esta reparación integral del daño continúa sin cumplirse y ahora más que nunca enfrenta una vulnerabiliadad constante, pues dos de los implicados en el asesinato de su hijo ya fueron vinculados a proceso.
Por lo cual manifiesta que hace frente al constante acoso de las y los familiares de ambos jóvenes.
"Sigo sufriendo acoso y hostigamiento. Hace unos días la madre de uno de los presuntos cómplices del asesinato de mi hijo hizo una fiesta frente a mi casa. Así no puedo vivir, qué necesito hacer para que me ayuden. La CEEAV me ha brindado una defensora que está muy poco empapada sobre el caso de mi hijo, tengo miedo de que vuelvan a dejar libres a los asesinos. Ya son tres años y dos meses de lucha", exclamó.
Sumado a esto, señaló que la CEEAV hasta el momento no ha sabido atender sus peticiones y que por ello se ve en la necesidad de manifestarse y hacer público lo que está atravesando como víctima.
"Yo no le pido más a la CEEAV. Me han catalogado como violenta y nunca he roto ni un plato, no he rayado nada, ni quemado nada cuando me manifiesto. Tengo coraje, a mi hijo lo quemaron, lo calcinaron y exijo justicia. Yo soy una víctima y se les olvida. Yo no tengo dinero para pagar abogados, ni cambiarme de casa, mucho menos para costear un guardia de seguridad, me han dejado completamente en el olvido", señaló.
Hoy día la señora Castillo Hernández enfrenta las audiencias iniciales de dos de los supuestos cómplices del crimen de su hijo, por lo cual espera que la justicia esté de su lado y no sufrir más violentaciones por parte de esta institución.
Este caso exhibe que es una de las tantas fracturas que se exponen en el incumplimiento de la reparación integral de daño y, que Silvia como muchas otras víctimas, ha decidido manifestar sus inconformidades ante un sistema que le revictimiza.
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