Comunidad LGBTIQ+ exigen se les asigne presupuesto para este sector de la población

Asociaciones defensoras de los derechos de la población LGBTIQ+ presentaron un amparo para exigir que dentro del presupuesto estatal se asignen recursos para impulsar políticas públicas encaminadas a atender las necesidades y problemáticas de este sector.

Liderazgos de la comunidad LGBTIQ+ informaron que el pasado 10 de febrero, San Luis Potosí se unió a otros estados del país que promovieron amparos contra sus gobiernos estatales y congresos, para que se asigne presupuesto para este sector de la población; las otras entidades en que se promovió este recurso legal son Aguascalientes, Estado de México, Yucatán, Veracruz y Querétaro.

Al respecto, Ernesto Barajas, coordinador de litigio estratégico de AMICUS DH+, explicó que esta asociación recurrió al amparo el año pasado en Guanajuato, donde lograron la asignación de presupuesto para la población LGBT, y de inicio, se aplican 8.5 millones de pesos para realizar un diagnóstico que permita conocer las necesidades y problemáticas de la comunidad. Ahora el ejercicio se replica en otros estados del país, entre ellos San Luis Potosí.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

A su vez, Andrés Costilla Castro, presidente de Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA e integrante de LGBT Latino, destacó que, de acuerdo a un estudio realizado en 2021 por el INEGI, en San Luis Potosí hay más de 136 mil personas de la diversidad sexual, es decir, un 6% de la población del estado pertenece a este sector, y podrían ser incluso el doble, pues recordó que el estudio se realizó mediante encuestas digitales, por lo que hubo personas que, al no tener internet, no la respondieron.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En ese sentido destacó la necesidad de que este sector poblacional cuente con un presupuesto específico como ya se hace con otros grupos vulnerables; señaló que de entrada, también en San Luis Potosí debiera realizarse un diagnóstico para conocer las necesidades y problemáticas de la población LGBTIQ+ en cada una de las cuatro regiones, pues destacó que no es lo mismo vivir en la zona metropolitana que en la Huasteca o el Altiplano, aunado a que las necesidades de la comunidad gay no son las mismas que de la trans o lesbianas.

Mencionó que entre las asociaciones ya hay un conocimiento previo respecto a algunas de las necesidades de este sector de la población, por ejemplo, se requiere atención en los Servicios de Salud para recibir tratamientos hormonales y para que se implementen programas para prevenir Enfermedades de Transmisión Sexual, y en impartición de justicia, se requiere una fiscalía especializada en crímenes de odio.

El amparo se encuentra en el Juzgado 8vo de Distrito y por ahora se está a la espera de que Gobierno del Estado y Congreso den contestación; se prevé que en tres o seis meses haya una resolución por parte del juzgado.