Avanza creación de Ley de Protección a las Personas Cuidadoras

Contemplando sus derechos individuales como ciudadanos, para que puedan ejercer el trabajo de cuidados no remunerado en condiciones dignas y no precarias

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

  · miércoles 5 de abril de 2023

“Debemos seguir trabajando para asegurar que en nuestro sistema educativo fomenten la tolerancia y el respeto mutuo" / Cortesía | Congreso del estado

La diputada Gabriela Martínez Lárraga, presentó la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, para garantizar la protección de quienes requieren cuidados ante una discapacidad física.

Explicó que una reforma al marco constitucional del Estado, es necesaria para poder expedir la nueva Ley de Protección a las Personas Cuidadoras para el Estado de San Luis Potosí.

Explicó que, esta reforma, sería un requisito previo a la expedición de la ley en la materia y, sería un paso más en el proceso para conseguir la distribución corresponsable del trabajo entre el Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, las comunidades y las familias.

Recordó que, promovió un exhorto para el Senado de la República en el sentido de solicitar que esta Soberanía emprendiera las acciones necesarias para “dar resolución a los proyectos de iniciativa de Decreto que tienen por objetivo expedir la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados”, a este exhorto se sumaría una nueva reforma a la Constitución local para lograr el objetivo de expedir finalmente esta ley.

También explicó que, en su exhorto se establece que, la intervención del Senado es necesaria para sentar las bases que permitan desarrollar una Estrategia Nacional de Cuidados (ENAC) en México y así mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras.

Martínez Lárraga, quien presentó la iniciativa para expedir la Ley de Protección a las Personas Cuidadoras para el Estado, insistió además en la importancia que este marco normativo tendrá para garantizar los derechos humanos de las personas cuidadoras, contemplando sus derechos individuales como ciudadanos y, en consecuencia, para que puedan ejercer el trabajo de cuidados no remunerado en condiciones dignas y no precarias.