El estado de San Luis Potosí enfrenta una crisis humanitaria que ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. Las desapariciones forzadas han arrebatado a innumerables personas de sus familias, dejando un rastro de dolor, incertidumbre y lucha constante. En este contexto, el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí hizo un reclamo para denunciar la violencia y exigir justicia.
Recientemente, un acto de agresión ha sacudido a la comunidad de buscadores incansables, pues madres valientes que integran la asociación civil Voz y Dignidad por los Nuestros SLP y el personal de la CEBP han sido blanco de ataques por la delincuencia organizada en el municipio de Tamuín.
Estas mujeres, conocidas como “madres buscadoras”, dedican su vida a la búsqueda desesperada de sus seres queridos desaparecidos. Sin embargo, en lugar de protección y apoyo, enfrentan amenazas y agresiones.
En este sentido las y los integrantes de este Consejo, Teresa de Jesús Castillo Medina, Xóchithl Guadalupe Rangel Romero y Ossiel Alejandro Campos Torres, señalaron que las desapariciones en San Luis Potosí no son un fenómeno aislado. Ya que el estado ha experimentado un alarmante aumento en los casos. Según datos recientes, San Luis Potosí concentra la mayor cantidad de personas desaparecidas en todo el estado. La capital, San Luis Potosí, pasó de 225 a 313 casos en un solo año. Otros municipios también han visto un incremento significativo en el número de desapariciones.
La desaparición forzada no solo afecta a las personas desaparecidas, sino también a sus familias.
Remarcaron que el ataque contra el personal de la CEBP y las madres buscadoras es una afrenta directa a los derechos fundamentales. El derecho a ser buscado, localizado y retornado es un pilar de la dignidad humana.
“Cuando se ataca a quienes buscan incansablemente, se socava la esperanza y la justicia”, remarcaron.
Por ello el Consejo Ciudadano exigió una investigación exhaustiva y la aplicación rigurosa de la ley contra los responsables de estos actos violentos.
“Es imperativo que las autoridades garanticen la seguridad de quienes dedican su tiempo y esfuerzo a esta noble labor. El derecho a ser buscado debe guiar la acción del Estado, y la sociedad debe solidarizarse con las víctimas y sus familias”.
San Luis Potosí enfrenta una encrucijada. La crisis de desapariciones no puede ser ignorada. Con estos hechos de violencia, las familias buscadoras unen sus fuerzas, para proteger a los buscadores y buscar respuestas.
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