San Luis Potosí, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo son los primeros estados en implementar la primera etapa del Nuevo Modelo Laboral, y a partir de este 18 de noviembre entran en operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como los Centros Estatales de Conciliación y los Tribunales Laborales federales y locales.
El arranque de la primera etapa de la Reforma Laboral se llevó a cabo en el Palacio Nacional, con la presencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; la Secretaria Federal del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luis María Alcalde Luján; el Gobernador del Estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; gobernadores de las demás entidades donde se implementará la primera etapa del nuevo modelo; funcionarios del Gabinete Federal y algunos representantes de las principales Centrales Sindicales del país.
En su intervención, Luisa María Alcalde destacó que son tres pilares los que sostienen la nueva Reforma Laboral: nueva justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva; y con ella se busca "construir en México un mercado laboral que garantice el respeto de los derechos individuales y colectivos, se estimule el diálogo social y productivo como la vía idónea para alcanzar equilibrios", pues sólo de esta forma se dará mayor certidumbre y estabilidad en las empresas, lo que también traerá más y mejores inversiones, que generarán empleos de mayor calidad con mejores salarios y prestaciones.
Explicó que en los 8 estados antes mencionados se empezará a implementar el nuevo modelo laboral a nivel Federal, y sólo en 7 de ellos será a nivel Estatal, siendo Hidalgo la entidad que por el momento sólo implemente la Reforma de manera federal y dentro de unos meses se empatará en lo estatal.
Señaló que, con una nueva Justicia Laboral se establece un procedimiento mucho más eficiente que apuesta por la conciliación. Se dará un período de 45 días para lograr un acuerdo entre las partes involucradas, y sólo aquellos casos que no puedan resolverse a través del diálogo pasarán a los tribunales laborales, con juicios de no más de 6 meses.
Para ello se crearon los Centros de Conciliación, con autonomía técnica y de gestión, los cuales comenzarán a recibir asuntos en materia individual y colectiva, y que tendrán una etapa de conciliación obligatoria; aclaró, si bien no es obligatorio conciliar, pero sí que quienes estén involucrados asistan para intentarlo. Asimismo, se implementarán nuevas herramientas tecnológicas modernas, incluyendo solicitudes en línea, buzón electrónico y notificaciones virtuales.
También se crearon los Tribunales Laborales, dependientes del Poder Judicial, con juicios orales en presencia de un juez proactivo y con amplias facultades para conducir el proceso; los procedimientos serán más ágiles, donde en dos audiencias se depurará el procedimiento, se desahogarán las pruebas y se emitirá sentencia. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje cerrarán sus puertas en los estados de la primera etapa, y se dedicarán a concluir los asuntos pendientes.
En cuanto a la Democracia Sindical, destacó que "la piedra angular del nuevo modelo es el voto personal, libre, directo y secreto", se tendrá proporcionalidad de género en las directivas sindicales, mayor transparencia y rendición de cuentas, así como verificación por la autoridad de los procesos democráticos.
Y finalmente, dijo, con la nueva Negociación Colectiva se pondrá un alto a la presencia de contratos de protección, y a aquellos sindicatos que muchas veces sin representatividad extorsionaban a empleadores, principalmente en el sector de la construcción y del transporte. Ahora, los contratos colectivos serán conocidos y aprobados por los trabajadores, y para firmar un contrato se debe acreditar primero el respaldo de por lo menos el 30 por ciento de los colaboradores, también los contratos ya existentes deben ser legitimados por los trabajadores, a fin de depurar acuerdos sin respaldo, y las revisiones contractuales que se dan cada dos años deberán ser respaldadas por los colaboradores.
Por su parte Juan Manuel Carreras López, como representante de los estados de la primera etapa de implementación del nuevo modelo laboral, manifestó que esta Reforma ya era necesaria desde hace tiempo y hoy más con la crisis económica que enfrenta el país, causada por la irrupción del Covid-19; y aseguró que, en la instrumentación de este nuevo esquema, los Gobiernos Estatales avanzarán "hombro con hombro" con el Gobierno Federal, los trabajadores y los diversos sectores productivos para hacerla viable por el bienestar de los mexicanos.
"Los Gobiernos de los Estados continuaremos trabajando con la organizaciones sindicales, a efecto de que armonicen sus estatutos a las disposiciones constitucionales, incluyendo los principios de democratización, es decir, el voto libre, secreto y directo de los trabajadores, en la toma de decisiones importantes de su sindicato como las elecciones de sus directivas y la validación de los contratos colectivos de trabajo", expresó.
Finalmente, apuntó que los Gobiernos Estatales involucrados en la primera etapa refrendan su voluntad para hacer que la nueva Reforma Laboral cumpla con un doble propósito, por un lado "que sea el elemento que fortalezca nuestro estado de derecho, que impulse las inversiones y el empleo en el país", pero que al mismo tiempo "sea promotora de la justicia social, basada en la defensa de los derechos de los trabajadores".
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