La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de siete personas, tres de ellas ex funcionarios de la Dirección de Pensiones del Estado y cuatro de ellas particulares, por los delitos de ejercicio abusivo de la función pública y peculado, por un monto inicial de 200 millones de pesos que podría incrementarse a más de 700 millones de pesos que habrían sido desviados de las arcas de la dependencia en mención.
Las personas detenidas son Arturo N., gerente y representante legal de la institución bancaria; Ricardo N., tesorero de la Dirección de Pensiones; Ana Lilia N., beneficiada con el incremento de su patrimonio; al igual que Juana Patricia N., quien en su momento colaboró en la dependencia y actual servidora pública.
También fueron detenidos Ana Paola N., administradora única de la persona moral TRAPESA que recibió más de 150 millones de pesos; y Neftalí N, su esposo beneficiado también en su patrimonio; así como Manuel N.
Así lo dio a conocer el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, quien detalló que la investigación podría llevar a buscar elementos de fraude cometidos hasta 15 años atrás, a fin de detectar el inicio del desvío de recursos en la Dirección de Pensiones.
En los hechos hay más personas involucradas, entre ellas posibles líderes sindicales y al menos tres figuras morales; además se indicó que la audiencia inicial de las primeras siete personas detenidas se realizará este lunes por la tarde y será en los próximos tres o seis días en que se resuelva su situación jurídica.
Detalló que el fraude fue desde la tesorería de la propia Dirección de Pensiones donde se tenía la facultad de administrar y acceder a las cuatro cuentas bancarias autorizadas para el manejo de los recursos del personal pensionado en el gobierno local; sin embargo, las investigaciones arrojaron la apertura de más de 60 cuentas en una sola institución bancaria, hacia donde se dispersaban los recursos, esto entre los años 2020 al 2023.
“Estamos trabajando en la investigación respecto de hechos ocurridos en años anteriores, que es lo que da posibilidad a que el monto de recursos malversados podría incrementarse a más de 700 millones de pesos”.
En suma, la desviación de recursos la habría llevado a cabo personal de la Dirección Pensiones en contubernio con personal de al menos una institución bancaria donde se hizo uso de documentos alterados, viéndose involucrada también la empresa TRAPESA que incrementó su patrimonio de manera notoria por al menos 153 millones de pesos y que estaba integrada tanto por funcionarios de la Dirección de Pensiones como por particulares que fungían como administradores.
El personal de tesorería, detalló el titular de la FGE, generó las condiciones propicias para el incremento del patrimonio de las personas involucradas, hoy detenidas, y cuyos domicilios están siendo objetos de cateos en sus domicilios particulares por parte del personal de investigación; además, agregó que al gerente de la institución bancaria que habría sido copartícipe del fraude, en un cateo inicial se le aseguraron vehículos de alta gama como parte de su patrimonio.
La expectativa de la pena que les podría ser impuesta es de 2 a 12 años de prisión por el delito de ejercicio abusivo de la función pública; y entre 5 y 15 años por peculado.