A pesar de obstáculos que se han presentado para la integración de las carpetas de investigación, tanto en la instancia de procuración de justicia Estatal como Federal, las denuncias contra diversos ex funcionarios municipales siguen vivas y avanzan.
En un comunicado, la actual Administración Municipal aseguró que ha aportado las pruebas para acreditar que deben ser considerados como delitos, los hechos plasmados en cada una de las denuncias.
Tal es el caso de la denuncia que se presentó el 07 de marzo de 2019, ante la Delegación de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí por la omisión del pago de Impuestos Sobre el Producto del Trabajo (ISPT), también conocido como Impuesto Sobre la Renta (ISR), pese a que le fueron descontados a los trabajadores durante los años 2017 y 2018.
A pesar de que el Ministerio Público de la Federación argumentó que el Ayuntamiento no había sufrido ningún daño patrimonial, como resultado de una impugnación el Juez de Control le otorgó la razón al Gobierno Capitalino, al referir que era evidente que el erario público sí había sufrido un daño en su patrimonio, ya que por no haberse pagado, actualmente el Municipio tiene que cubrir ese adeudo.
Una vez reconocida la calidad de víctima y al pretender aportar datos de prueba para acreditar el daño patrimonial, el Ministerio Público notificó el “no ejercicio de la acción penal”, que significaba el archivo de la investigación, por lo que nuevamente se impugnó ante el Juez de Control, quien revocó la decisión al considerar que se debía profundizar en la investigación y dar la oportunidad al Municipio de aportar las pruebas para acreditar el detrimento patrimonial sufrido por no haber pagado los impuestos que ya había descontado a los trabajadores.
Los ex funcionarios municipales involucrados han interpuesto amparos con la clara intención de evitar que la instancia de Procuración de Justicia Federal haga su trabajo y continúe con las investigaciones hasta las últimas consecuencias.
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