Luego de las detenciones de exfuncionarios carreristas, lo que podría venir es una cascada de inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos.

Para el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, los procesos penales instaurados, así como los acuerdos reparatorios formulados, no eximen de la posibilidad de una sanción de carácter administrativo, como podría ser una inhabilitación para desempeñarse en funciones públicas.

Los casos de exservidores públicos, en prisión preventiva oficiosa y vinculados a proceso, es derivado de una actuación penal en su contra por su probable culpa en la comisión de delitos como peculado.

El funcionario estatal no descartó que esto pueda desencadenar una cascada de inhabilitaciones contra ex funcionarios de la pasada administración, las que podrían presentarse en lo sucesivo.

Son varios los procedimientos, detalló, los que se tienen en seguimiento por parte de la Contraloría General de Gobierno, fundamentados a partir del proceso de Entrega-Recepción.

Torres Sánchez añadió que está la parte relacionada con la posible aplicación de una sanción por responsabilidad administrativa y que la conclusión de los procesos será tardada, “por su naturaleza, los juicios de responsabilidad administrativa, en los cuales se conocen los testimonios de las partes involucradas y hay posibilidad de desahogo, requieren una mayor cantidad de tiempo”.

Finalmente, el encargado de la política interna en el estado reiteró que la norma considera la aplicación de sanciones administrativas, independientes a los procesos penales.