El juicio político que pretende promover el Congreso del Estado en contra del juez que dejó en libertad a las personas detenidas en la manifestación de la semana pasada, es un acto de presión que pudiera derivar en que los legisladores sean investigados, advirtió Carlos Covarrubias Rendón, integrante de la mesa directiva del Frente Amplio Opositor (FAO).
Luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rolando Hervert Lara informó que promoverán un juicio político contra el juez que ordenó la liberación de los detenidos en los disturbios de la semana pasada y que insistirán en que se encarcele a estas personas, Carlos Covarrubias calificó como irresponsable la postura del Legislativo.
Lo anterior porque dijo, "ellos tienen todos los elementos para identificar a los responsables de los actos de violencia reprobables de la semana pasada, tienen circuito cerrado en el Congreso y acceso a todos los sistemas de cámaras de Plaza de Armas, pueden tener videos de los negocios de la plaza", destacó que la población civil ya ha logrado identificar a algunos de los responsables de los destrozos a través de los videos y fotografías que circulan en redes sociales, incluso se ha encontrado la filiación política de algunos, sin embargo los legisladores no hablan de ello, "qué raro, qué extraño, qué misterioso".
A la par, cuestionó si hay algún video o fotografía que muestre a Claudia, integrante del FAO y una de las detenidas, haciendo grafiti en los edificios públicos, ordenando el ataque o lanzando piedras; en ese sentido, dijo que la joven no sólo debió quedar en libertad en el momento que fue detenida, sino que ni siquiera debió ser vinculada a proceso.
Debido a ello, señaló que esta amenaza de entablar un juicio político contra el juez, es una medida de presión por parte del Congreso, y que en caso de que los legisladores se ensañen contra Claudia, los colectivos pueden pedir pedir que se les investigue a los diputados, "podemos pedir al gobierno federal que intervenga, esos legisladores pueden ser sujetos a una investigación si se atreven a hacer cosas que están fuera de su alcance, fuera de la racionalidad y fuera de una cuestión de estricta justicia, lo que están planteando es desestabilizar al Estado, a los movimientos sociales, la ultraderecha ¿qué quiere?¿desmantelar al Poder Judicial? ¿atacar a los jueces? ¿a los ministerios públicos? ¿a los movimientos sociales? mientras ellos marchan por la ciudad?".
El activista indicó que la postura asumida por el presidente de la Jucopo hace pensar que los eventos ocurridos el pasado 5 de junio fueron con la intención de desestabilizar al Gobierno del Estado y a los movimientos sociales, y generar un enfrentamiento entre estos dos, por lo que insistió en que se busque y sancione a los verdaderos responsables de los disturbios.