/ viernes 12 de junio de 2020

Diputados quieren presos a los que causaron destrozos

"Los ataques no quedarán impunes". El juez que dejó libres a los detenidos sería llevado a juicio político por no defender el Estado de Derecho

El juez que dejó libres a los detenidos por los ataques al Congreso del Estado el viernes 5 de junio, debe reconsiderar su decisión o podría ser sometido a juicio político y el Fiscal General del Estado debe hacer su trabajo atrapando a todos los responsables y acreditando los delitos cometidos.

Así lo dijo el diputado Rolando Hervert Lara presidente de la Junta de Coordinación Política, quien añadido que todos los días el Poder Legislativo va a exigir que se aplique la ley por los disturbios y destrozos porque así lo está exigiendo la sociedad y bajo ninguna circunstancia se puede promover la impunidad.

Informó que el Congreso del Estado ya presentó una apelación contra la decisión del juez de no mantener en prisión preventiva a éstas personas aún y a pesar de que estaban dadas las condiciones legales para ello.

Dijo que “el Congreso del Estado analizará la actuación del juez y si hay los elementos necesarios llevarlo a juicio político, además de presentar una queja en contra del Ministerio Público por las fallas en la recaudación de información”.

Hervert Lara expuso que estaban dadas las condiciones para poder evitar este acto violento contra el Poder Legislativo acontecido el pasado 5 de junio donde fue pisoteada la dignidad de las y los potosinos ante la falta de una adecuada revisión de los protocolos de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno, pero no ejercer mano dura contra los agresores puede ser el principio de una violación a la paz social de San Luis Potosí.

“No se puede ni debe permitir que se le falte al respeto a un Poder del Estado, que aunado a la ola de crímenes que se han cometido en nuestra entidad, pueda haber consecuencias graves si el gobierno da signos de debilidad”.

Remarcó que los hechos delictivos del pasado 5 de junio no eran muestra de una manifestación que exigiera la libertad de expresión, fue un acto pagado con la única finalidad de delinquir.

El juez que dejó libres a los detenidos por los ataques al Congreso del Estado el viernes 5 de junio, debe reconsiderar su decisión o podría ser sometido a juicio político y el Fiscal General del Estado debe hacer su trabajo atrapando a todos los responsables y acreditando los delitos cometidos.

Así lo dijo el diputado Rolando Hervert Lara presidente de la Junta de Coordinación Política, quien añadido que todos los días el Poder Legislativo va a exigir que se aplique la ley por los disturbios y destrozos porque así lo está exigiendo la sociedad y bajo ninguna circunstancia se puede promover la impunidad.

Informó que el Congreso del Estado ya presentó una apelación contra la decisión del juez de no mantener en prisión preventiva a éstas personas aún y a pesar de que estaban dadas las condiciones legales para ello.

Dijo que “el Congreso del Estado analizará la actuación del juez y si hay los elementos necesarios llevarlo a juicio político, además de presentar una queja en contra del Ministerio Público por las fallas en la recaudación de información”.

Hervert Lara expuso que estaban dadas las condiciones para poder evitar este acto violento contra el Poder Legislativo acontecido el pasado 5 de junio donde fue pisoteada la dignidad de las y los potosinos ante la falta de una adecuada revisión de los protocolos de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno, pero no ejercer mano dura contra los agresores puede ser el principio de una violación a la paz social de San Luis Potosí.

“No se puede ni debe permitir que se le falte al respeto a un Poder del Estado, que aunado a la ola de crímenes que se han cometido en nuestra entidad, pueda haber consecuencias graves si el gobierno da signos de debilidad”.

Remarcó que los hechos delictivos del pasado 5 de junio no eran muestra de una manifestación que exigiera la libertad de expresión, fue un acto pagado con la única finalidad de delinquir.

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