El Presidente de la República puede asegurar que tiene otros datos; incluso no me sorprende que desmienta las cifras de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los datos de ambas dependencias son contundentes, no se están generando los empleos suficientes y los que hay se están perdiendo de manera alarmante; difícilmente el país podrá crecer económicamente a la par del sexenio anterior.
Hace un mes el INEGI reportó que las tasas de desempleo son las mayores en los últimos años y el IMSS por su parte consignó que en el mes de mayo hubo una caída en la generación de empleos del 88 por ciento. En México apenas se crearon 3 mil 983 plazas respecto a abril, cifra que contrasta significativamente con los 33 mil 966 puestos de trabajo generados en mayo de 2018, de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El Presidente de la República podrá desestimar estos números, decir que están sesgados o que detrás de ello se encuentra la Mafia del Poder, lo cierto es que las malas decisiones en materia económica, ya le están pasando factura al país.
Los despidos masivos de funcionarios, el demeritar a las calificadoras internacionales, la cancelación del Nuevo Aeropuerto, la obsesión de invertir en una nueva refinería que no tiene sustento ambiental ni económico y sus medidas de austeridad están provocando desconfianza en el sector privado, que al final de cuentas, son los que generan la mayoría de los puestos laborales en el país.
Las consecuencias de esas decisiones erróneas en materia económica ya se están notando y un reflejo de ello son el desempleo, la inflación, el bajo crecimiento económico sumado a los recortes a rubros sensibles como salud, educación, cultura, ciencia, deporte, entre muchos otros.
Entre los tantos afectados, por los recortes del Gobierno Federal, se encuentran los médicos y enfermeras que cumplían una labor muy importante en las Unidades Médicas Urbanas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al desaparecer el programa Prospera, han cerrado 300 de dichas unidades en por lo menos 18 entidades del país, incluido San Luis Potosí. La principal tarea era brindar servicios médicos a la población sin seguridad social que habita zonas urbanas marginadas. En cada Unidad Médica laboraban alrededor de uno o dos equipos integrados por un médico, dos enfermeras, un promotor de acción comunitaria, un administrador y una secretaria.
Para justificar el cierre de este programa, el Presidente de la República acusó que había corrupción e inclusive señaló que iba a interponer demandas ante la Fiscalía General de la República.
Sin embargo, medios de comunicación han documentado que no hubo denuncias, no hay responsables de los supuestos hechos de corrupción, ni un reporte oficial, ni evaluación, mucho menos recomendaciones de política pública por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con justificaciones para desaparecer Prospera.
Es necesario que el Gobierno Federal de la denominada Cuarta Transformación cambie sus políticas económicas y considere los recortes a rubros tan sensibles como salud.
Es primordial que devuelva la confianza a los inversionistas y se generen mayores empleos, aunque ante la negación del Presidente de la República en aceptar las cifras de desempleo, el panorama luce complicado.