Familiares y víctimas, acompañados de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Nacional de Búsqueda, lograron ingresar por primera vez a las instalaciones del Campo Militar No. 1 donde presuntamente se cometieron violaciones de derechos humanos por parte del Ejército durante el período conocido como “Guerra Sucia”.
Como parte de las demandas para esclarecer lo ocurrido en la instalación militar entre 1965 y 1990, 61 personas lograron ingresar ayer a diferentes áreas en las que, de acuerdo con la documentación militar y testimonios de sobrevivientes, se habrían cometido diversos delitos.
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“Las acciones de reconocimiento, que concluirán el 22 de septiembre, tienen el objetivo de identificar espacios dentro del Campo Militar No. 1-A, en los que presuntamente se cometieron violaciones graves a derechos humanos y documentarlos con metodología pericial”, detalló la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, instancia que inició en junio pasado las gestiones para la investigación de estos hechos.
Durante la visita al Campo Militar, además de las instancias mencionadas, también lograron entrar peritos criminalistas, arquitectos y personal de acompañamiento psicosocial junto a la Comisión de la Verdad, la cual se comprometió a continuar con el proceso de inspección en aquellos puntos que las personas sobrevivientes y familiares señalen como posibles sitios de detención clandestina.
A pesar de ser un sustancial avance en uno de los cinco puntos contemplados en plan de trabajo, en junio pasado, luego de que el gobierno federal autorizó la apertura de los archivos militares correspondientes a ese período, la CNDH, dirigida por Rosario Ibarra de Piedra, en su posicionamiento del 23 de ese mes, vio como “preocupante” que las autoridades pretendan dar un trato equitativo a las víctimas con quienes se les acusa de haber cometido vejaciones entre 1965 y 1990.
En 1977, la activista Rosario Ibarra de Piedra fundó el Comité ¡Eureka!, formado por madres que buscaban a sus hijos capturados por las fuerzas del Estado y que contabilizó al menos 564 desaparecidos por la "Guerra sucia".
“Nos preocupa que, tratándose de una investigación sobre violaciones graves de derechos humanos cometidos por el Estado a través de miembros del Ejército, se pretenda equiparar a las víctimas de esas violaciones con los soldados que cometieron esas violaciones y que, si bien pudieron haber caído en esas acciones, de modo alguno pueden tener el mismo tratamiento de quienes sufrieron vejaciones, detenciones arbitrarias, violaciones graves, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, etc”, apuntó Rosario Ibarra.
Reiteró la necesidad de que las autoridades del Estado tomen las medidas necesarias para el pleno esclarecimiento de los hechos, de tal manera que se construya una relación cercana y empática con las víctimas y colectivos de víctimas.
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Además de la revisión de las instalaciones del Campo Militar No. 1 también se contempla la revisión de archivos y documentos; realizar entrevistas y testimonios de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que cuente con información referente a los hechos; consultar los casos individuales sobre las presuntas violaciones de derechos humanos; y como último lugar recoger testimonios de las víctimas.
|| Con información de EFE ||
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