El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C, presentó el Índices de Competitividad Estatal y Urbana 2018, donde destaca que la Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León son las entidades más competitivas del país, y Chiapas, Guerrero y Oaxaca las menos.
También presentó el estudio "¿Ahora con quién me enojo? Herramientas de exigencia ciudadana", en donde refiere que los mexicanos estamos molestos, por no ser el centro de las decisiones tomadas por la autoridad.
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El estudio refiere que las ciudades más competitivas del Índice de Competitividad Urbana 2018, por categoría, son Valle de México (más de un millón), Cancún (de 500 mil a un millón), Puerto Vallarta (de 250 a 500 mil) y Piedras Negras (menos de 250 mil).
Se explica que por ejemplo en la Zona Metropolitana de La Laguna se implementó una Policía Metropolitana en 2012, lo que se asocia, junto con otras acciones, con una reducción en la tasa de homicidios en un 82%.
Hace la comparación de lo que ocurre en ciudades como Coahuila, donde tres de cinco trabajadores tienen acceso a instituciones de salud, mientras que en Guerrero sólo uno de cinco.
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En el Índice de Competitividad Urbana 2018. Califica a tu alcalde: manual urbano para ciudadanos exigentes. El IMCO refiere que se identifican las principales ventanas de oportunidad en la mejora de los servicios públicos en estos ámbitos de Gobierno.
Identificó nueve retos que definirán el futuro de nuestros estados y ciudades: Exceso de trámites: ventanillas para la extorsión. La mejora regulatoria se queda en la propaganda, si no reduce la tramitología de estados y municipios.
Otra es la desigualdad del ingreso; este se puede medir en el tiempo invertido en el traslado cotidiano de la casa al trabajo. El promedio de una renta mensual en las colonias de las estaciones de la Línea 3 del metro de la CDMX es de 11 mil 898 pesos, mientras que un trabajador de tiempo completo en la capital de la República gana en promedio 7 mil 253 pesos al mes.
La mayoría de los operadores de agua son ineficientes y tienen un diseño institucional que perjudica su desempeño, falta de coordinación entre municipios, estados y Federación para afrontar la inseguridad fue uno de los principales problemas asociados al aumento de la violencia.
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Indica que el Ramo 23 genera amplios márgenes de discrecionalidad, ya no sólo cubre previsiones salariales, su objetivo inicial, ahora incluso incorpora el “fondo de moches”, además de que invertir en energías renovables es un buen negocio para los estados y el sector privado.
Otro apartado es la información sobre la empleabilidad de los egresados universitarios debe servir para guiar las decisiones de los estudiantes, los gobiernos estatales deben generar estadísticas de salud confiables para mejorar los estándares de calidad y satisfacer la demanda de servicios, así como disminuir riesgos de corrupción con herramientas electrónicas implementadas en el gobierno para transparentar y hacer más eficientes las interacciones con los ciudadanos.
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