En los primeros minutos de este jueves 2 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual provocó ya dos multitudinarias movilizaciones en contra.
El decreto modifica tres legislaciones vigentes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Poder Judicial de la Federación.
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Además, expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Entre los artículos transitorios, destaca que la reforma no se aplica para los procesos electorales para las gubernaturas de Estado de México y Coahuila, los cuales están en curso y tendrán su momento clave el 4 de junio, día de los comicios.
Además, los módulos del Registro Federal de Electores, instancia que expide las credenciales de elector, “seguirán operando de forma normal” y no deberá alterarse su cantidad con motivo de la reestructuración administrativa a la que está obligada el Instituto Nacional Electoral (INE).
El documento también destaca, entre sus transitorios, que los gastos derivados de la reforma, como la liquidación de personal con motivo de su reestructuración administrativa, correrán a cargo del presupuesto ya aprobado para el INE, por lo que no se contempla otorgarle recursos adicionales al instituto.
Sobre la liquidación de personal, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, ha reiterado en varias ocasiones que costaría alrededor de dos mil 500 millones de pesos.
El propio Córdova Vianello adelantó horas antes de la publicación el cese del secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, cuyo cargo desaparece el Plan B.
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De acuerdo con el decreto, el INE deberá identificar a más tardar hasta abril las adecuaciones a su normativa contempladas en la reforma electoral para garantizar que se aplique al proceso electoral 2023-2024, que se prevé inicie en el tercer cuatrimestre del año para la elección de Presidente de la República, además de las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Los procesos administrativos y jurídicos que estén en curso se resolverán con la legislación electoral vigente previa a la publicación de este decreto.
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