En dos años que han transcurrido desde el desalojo violento en Noria de San José, han pasado 18 ministerios públicos por el caso sin dar una resolución, denunció Griselda Haro Dávila, una de las víctimas de dicha comunidad.
Luego de que la semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una tercera Recomendación en torno al caso La Noria, la señora Griselda Haro dijo esperar que este documento sea tomado en su justo valor por parte de la Fiscalía, aunque reconoció que tampoco hay buenas expectativas, “desde luego que sabemos que vamos a continuar con este bloqueo desde la Fiscalía General”.
Lo anterior debido a que han transcurrido ya dos años desde que la inmobiliaria American Industries realizó un desalojo violento con ayuda de un actuario del Poder Judicial, y sigue sin existir un avance en la investigación, incluso se han perdido carpetas de investigación.
Destacó que el caso ya ha sido tomado por 18 ministerios públicos, lo que “da cuenta de lo que ha sido el bloqueo que nos ha hecho la Fiscalía para negarnos nuestro derecho de acceso a la justicia” a las 14 víctimas, que sufrieron robos, amenazas, despojo, daños en las cosas, entre otros delitos.
Reprochó que quienes señala como sus victimarios, trabajan en instituciones encargadas de la defensa de las víctimas, como Oscar Candelas, César García Meléndez que era director jurídico de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, y Eduardo Rodríguez Colunga, quien actualmente trabaja en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en México, lo que dijo, muestra el proteccionismo hacia dichas personas.
Manifestó que las víctimas de La Noria ya se han reunido con diputados de la actual Legislatura, y anunció que acudirán a la comparecencia del Fiscal General “para hacerle saber nuestro sentir”.
Además llamó al presidente municipal Xavier Nava Palacios, a que actúe conforme a la ley en torno a este asunto, pues la inmobiliaria entró a la comunidad con permisos apócrifos entregados en la administración de Victoria Labastida Aguirre, y ahora que se dio el cambio de administración la empresa publicó una felicitación al nuevo alcalde, por lo que temen que sea un intento de pedir protección de Nava.
En su Recomendación la CEDH pide que se investigue a los funcionarios públicos que han dilatado la impartición de justicia y se les sancione conforme a derecho, la inscripción de la víctimas en el Registro Estatal de Víctimas para que accedan a la reparación del daño, y que la Fiscalía realice las investigaciones y diligencias necesarias para dar solución a este caso.
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