La forma en que se resolvió el conflicto laboral en la planta de Goodyear en San Luis Potosí, fortalece el clima de estabilidad en la entidad potosina, señaló Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El año pasado, trabajadores de la planta de Goodyear en San Luis Potosí lograron la intervención del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC tras denunciar violaciones a sus derechos laborales, lo que derivó en un proceso para elegir nuevo sindicato y negociar su contrato colectivo de trabajo; esta semana, la STPS federal dio por cerrado el conflicto al cumplirse diversos requerimientos por parte de la empresa.
Al respecto, Garza Álvarez señaló que desde que se presentó la queja por parte de los trabajadores y fue atraída por el Mecanismo de Respuesta Rápida, la STPS en el estado se mantuvo al pendiente del caso, y señaló que hubo apertura y disposición para colaborar entre las diferentes autoridades, lo que ayudó a la resolución favorable del conflicto.
Agregó que este fue el primer caso documentado en el Mecanismo de Respuesta Rápida del TMEC, y se resolvió de manera favorable y satisfactoria, por lo que dijo, es una muestra clara de la coordinación que hay entre los gobiernos de México y Estados Unidos, la empresa, y las autoridades laborales de ambos países.
Manifestó que este trabajo coordinado entre las autoridades de ambos países y la empresa, ayudan "a reforzar la paz laboral, la estabilidad, cero riesgo de estallamiento de huelgas, y que en verdad se trata de un caso ejemplar".
En ese sentido, destacó que lejos de dejar una mala imagen, la forma en que se resolvió este caso, ayuda a que San Luis Potosí se mantenga como un lugar atractivo para la llegada de nuevas inversiones.
Como parte del proceso, los trabajadores pudieron participar en un proceso para elegir una nueva representación sindical, y además, la empresa tuvo que resarcir el daño al aplicar condiciones laborales por debajo del contrato ley de la industria del hule, que incluye el pago de una indemnización a los trabajadores por 4.2 millones de dólares.
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