La crisis en el sistema penitenciario no abona en mucho a una real y verdadera reinserción social, la función del estado se limita a decir ya estás sentenciado y cuando salgas ese es tu problema.
Así lo comentó el abogado José Mario de la Garza Marroquín, “no hay ni un plan ni políticas públicas que faciliten la inserción social de las personas que obtienen su libertad, a las personas les cuesta mucho reinsertarse, a esta crisis en los penales se suma el COVID-19 colocando este tema en cuarto o quinto lugar, lo que genera que pase desapercibida”.
De La Garza Marroquín destacó que tanto los tribunales como los penales han tenido mucha dificultad para operar de manera adecuada y también para prevenir los contagios, eso ha hecho que las preliberaciones nos tomen mucho más tiempo y esfuerzo”.
Añadió que se pensaría que las preliberaciones se agilizarían luego del acuerdo emitido el pasado 16 de abril en el Poder Judicial del Estado, donde se estableció que en los Juzgados Especializados en materia de Ejecución de Sentencias, se consideraran como urgente, entre otros trámites, los beneficios preliberacionales ya determinados y pendientes de ejecución.
Con ello se agilizarían los trámites ya en proceso y cada uno en base a sus propias particularidades, para la obtención de la libertad anticipada y condicionada, la liberación de los internos que se encuentren en el supuesto de este beneficio en proceso, no es en automático, sino que el trámite de preliberación se mantienen como casos urgentes durante la contingencia, es decir si ya el proceso amerita iniciar el trámite de liberación debe iniciarse y si está en proceso, agilizarse.
Sin embargo, el abogado dijo que el Covid, solo ha complicado el tema, “las ha retrasado ha hecho que el sistema funcione mucho más lento, que haya mucha más complejidad para contactar a las personas, a sus familias, sin duda alguna el Covid nos representa un reto muy complejo”.
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