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El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en conjunto con colectivas nacionales y locales, promovió amparos contra la regulación del delito de aborto en los estados de San Luis Potosí y Morelos.
Luego de diversos amparos que se han promovido en otros estados del país, organizaciones civiles y colectivas de San Luis y Morelos se unieron a GIRE para eliminar el aborto autoprocurado y consentido de los códigos penales de ambos estados, ello con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas.
Los amparos presentados se basan en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que “tanto la criminalización absoluta del aborto como el uso del derecho penal para prohibirlo son inconstitucionales; se debe garantizar a las mujeres y personas gestantes su derecho a decidir sin enfrentar consecuencias penales; las normas penales de las entidades federativas que criminalizan el aborto de manera absoluta son inconstitucionales”.
De acuerdo a GIRE, “la implementación de la estrategia responde a la vulneración de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía reproductiva y la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar, así como a la creciente demanda de la despenalización del aborto por parte del movimiento feminista y las colectivas. Asimismo, busca eliminar los obstáculos para acceder a servicios de aborto legal, el patrón de criminalización, y el estigma que ésta genera en quienes abortan, además de la inhibición que provoca en el personal de salud”.
Destacó que la prohibición del aborto autoprocurado y consentido, así como los límites injustificados en el acceso al aborto en sus diferentes causales, son discriminatorios y una violación a los derechos humanos, por lo que con esta estrategia se busca que ninguna mujer o persona gestante, ni el personal de salud, sean criminalizados por aborto.
“Además, la estrategia apoya los esfuerzos por la despenalización y el acceso al aborto que se están impulsando en los congresos locales. Si el amparo se concede, el apartado de los códigos penales impugnados ya no tendrá efectos y, por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante podría ser castigada por abortar”.
