A partir del próximo año, en San Luis Potosí sería aplicado un “impuesto verde” a empresas y negocios con actividades que dañen el medioambiente, esta medida impositiva permitirá también regular a la industria.
Para el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, el nuevo gravamen ayudaría incluso a la regulación en la Zona Industrial, “porque queremos que lleguen más inversiones, pero también que sean sustentables y se proteja al medio ambiente”.
El mandatario estatal añadió que al controlar las actividades de este tipo de empresas se evitará que crezca la contaminación en el estado.
El análisis para la creación de ese impuesto -considerado para entrar el próximo año- tiene su sustento jurídico en un Plan Medioambiental, elaborado con la participación de especialistas e investigadores.
Los ingresos derivados de estos gravámenes y derechos entrarían a partir del próximo año y serían planteados en la Ley de Ingresos de San Luis Potosí 2023, “ante ello podría considerarse la actualización de la legislación tributaria y gravar actividades que son lesivas para el medioambiente”, explicó.
Finalmente, Gallardo Cardona reconoció que en esta nueva carga tributaria está considerada la actividad de las ladrilleras, para las que, en caso de seguir contaminando, se procedería con su retiro o clausura.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Finanzas, Jesús Salvador González Martínez, advirtió que “salvo por esta nueva medida impositiva de protección al medioambiente, no se tiene considerado incrementar los impuestos en la entidad”.
Se pretende contar con una Ley de Ingresos, dijo, que beneficie a toda la ciudadanía, al tiempo de mantener actualizadas y modernas nuestras legislaciones tributarias, “aunque si existiera la necesidad de alguna reforma en lo que se refiere la afectación del medioambiente esta será aplicada, la medida aún está en análisis”.
El funcionario estatal destacó que la administración estatal mantendrá su disciplina presupuestal, “misma que ha hecho posible obtener ahorros para aplicarlos en obras”.
Con respecto a la gestión de recursos que corresponden al ámbito federal, precisó, el gobierno busca que para el ejercicio fiscal del siguiente año se reconozcan en forma detallada los déficits en la asignación a los sectores salud y educación.
“La programación del gasto del próximo año considera mantener y ampliar la disciplina financiera que hizo posible generar ahorros importantes de recursos públicos y, con ellos, emprender proyectos de infraestructura”, reiteró para concluir.
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