Debe promoverse una reforma de Ley a nivel federal, y homologarse en las 32 entidades federativas, para que el flujo de migrantes que transita de forma irregular sea sancionado como delito con mayor severidad.
En San Luis Potosí será perfeccionada la legislación, con la finalidad de evitar situaciones como el ocurrido el lunes pasado, en el que -hasta ahora- han muerto 50 migrantes al ser abandonados dentro de la caja de un tráiler.
Para el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, la entidad está excedida en el flujo migratorio respecto al territorio nacional, “los migrantes llegan provenientes del sur del país y desde aquí parten hacia el norte, ya que la frontera con Estados Unidos queda a solo seis horas”.
El mandatario estatal lamentó lo ocurrido, al tiempo de dar a conocer que no hay registro de que murieran potosinos en la tragedia donde medio centenar de personas, 22 de ellas mexicanas, fallecieran, aparentemente por asfixia, en una autopista del estado norteamericano de Texas.
Refirió que en los ocho meses que tiene su administración han sido rescatados 400 migrantes que cruzaban por el estado en forma irregular con la finalidad de alcanzar la frontera norte, “San Luis Potosí está excedido en el flujo migratorio porque es paso obligado hacia Nuevo Laredo, Matamoros y Brownsville, hacia todas las fronteras”, reiteró.
Explicó que deben hacerse modificaciones a la Ley “porque hoy no está tan penado, la máxima pena es de cuatro años y eso incentiva a que mucha gente esté en el traslado de personas”, “ya agarraron su negocio de que los llevan y entregan en Nuevo León y ahí que sigan su camino”.
Todo esto sucederá a gran escala hasta que no haya una solución de fondo, previó, y no sólo en nuestro estado “creo que debe haber una legislación federal para que se castigue en todo el país, porque nosotros podemos castigar a los que lo hagan en el territorio potosino, pero falta los que lo hacen del sur de nuestro país a San Luis, y de San Luis a la frontera”.
Finalmente Gallardo Cardona insistió en que la homologación de la Ley debe contemplar que se castigue en las 32 entidades federativas.
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