Habrá nueva Ley de Juntas de Participación Ciudadana

Serán un mecanismo de intervención y comunicación entre los ciudadanos y los gobiernos para fomentar y defender el involucramiento ciudadano en la vida pública

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

  · jueves 7 de octubre de 2021

Rubén Guajardo Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional / Cortesía

El diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, presentó la iniciativa para expedir la Ley de Juntas de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, y derogar la Ley para la Integración y Funcionamiento de Juntas y Comités de Mejoramiento Moral Cívico Material que data de 1958 y evidentemente, su contenido ya ha quedado desfasado respecto al avance de las reformas en participación ciudadana en las decisiones públicas.

“El objetivo es ciudadanizar estos organismos, estableciéndolos como un mecanismo de participación y comunicación entre los ciudadanos y los gobiernos para fomentar y defender el involucramiento ciudadano en la vida pública”, dijo.

La propuesta de Ley reconoce el derecho de los habitantes del estado a participar en la vida comunitaria mediante la presentación de propuestas a las Juntas; además los miembros de la Juntas estarían impedidos para participar en proselitismo o condicionar el acceso a los programas o apoyos públicos.

Respecto a las autoridades, el diputado Rubén Guajardo, señaló que el orden municipal y el estatal, deben coordinarse para la realización de acciones derivadas de la interacción con las Juntas de Participación.

Sobre el proceso de elección de las Juntas, explicó que se plantea que se efectuará cada tres años, correrá a cargo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el que también recibirá y resolverá las denuncias relacionadas, para que su conformación, desde el origen, se mantenga libre de politización y siempre orientada a las necesidades de la ciudadanía.

Enfatizó que esta propuesta de Ley aspira a conformar los cauces legales necesarios para la participación y el empoderamiento del ciudadano, por medio del reconocimiento de su derecho a participar y la regulación de un nuevo organismo diseñado para servir como intermediario entre las demandas de los habitantes y los ayuntamientos. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.