Ex trabajadoras del Ayuntamiento capitalino denunciaron que no solamente fueron víctimas de violencia en razón de género por parte de su superior jerárquico, sino que además fueron revictimizadas incluso en la Puerta Violeta, instancia encargada de atender a mujeres víctimas de violencia.
Un par de mujeres de nacionalidad extranjera que laboraban en la Dirección de Deportes del Ayuntamiento de San Luis, emitieron un posicionamiento público para dar a conocer su situación.
Denunciaron que en innumerables ocasiones fueron víctimas de actos de discriminación y violencia, tanto laboral como sexual, por parte del director de área, Ricardo N, quien les hacía propuestas de índole sexual y comentarios xenofóbicos y lesbofóbicos.
Señalaron que los actos de violencia fueron cometidos incluso frente a otros trabajadores, y al ver que lejos de detenerse, iban en aumento, decidieron pedir ayuda en Puerta Violeta, donde la primera respuesta fue que no podían atenderlas por conflicto de intereses, ya que el acusado también era empleado municipal.
Fue hasta después de varias semanas que finalmente fueron atendidas, pero fueron revictimizadas; les pidieron ratificar su queja y aseguran haberlo hecho, pese a que el alcalde Xavier Nava Palacios declaró hace poco que ellas se habían negado a continuar con el proceso.
Puerta Violeta tramitó una orden de protección que no incluyó el ámbito laboral de las víctimas, incluso en una ocasión que se vieron en peligro y solicitaron ayuda, las autoridades policiales desconocían la orden de protección, "desde que decidimos solicitar ayuda permanecimos sin medidas cautelares para proteger nuestra integridad física y nuestra vida".
A ello sumaron el hecho de que su expediente fue turnado a la Instancia Municipal de las Mujeres, luego a la Contraloría interna y después a la Coordinación Municipal de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), todo ello sin que ninguna de las dependencias les notificara o les pidiera información a las víctimas; por el contrario, el agresor sí fue notificado por la Contraloría y tuvo acceso tanto a los nombres de las denunciantes como de los compañeros de trabajo que las han acompañado en el proceso.
Posteriormente se sumó la negativa al acceso a las consultas médicas por parte de Servicios Médicos Municipales y después, su despido injustificado. Debido a ello, denunciaron que "el Gobierno Municipal en turno es tolerante y permisivo frente a la violencia que las mujeres vivimos en el espacio laboral, por lo que nos atrevemos a afirmar que hay impunidad y protección para los agresores".
Manifestaron que "nuestra pretensión es obtener justicia a través de las sanciones penales, administrativas y laborales correspondientes para el agresor y para las autoridades que de forma dolosa o por incapacidad o desconocimiento de los mínimos estándares para la protección de los Derechos Humanos de mujeres víctimas de violencia de género, no protegieron nuestra integridad ni nuestras vidas".
También sugirieron que se establezca una ruta clara de atención para las mujeres víctima de violencia y que a las víctimas se les informe sobre el alcance de sus denuncias, para así evitar que más mujeres pasen por lo mismo que ellas.
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