Antes de realizar las mesas de trabajo en torno al impuesto verde, se elabora un primer “borrador” entre los equipos jurídicos del sector empresarial y del gobierno estatal, informaron representantes de la Iniciativa Privada.
Luego de que el año pasado el Congreso del Estado aprobó la creación de un “impuesto verde” para sancionar la emisión de gases de efecto invernadero, se estableció la condicionante de que el gravamen entraría en vigor a partir de abril de 2024, para que en los primeros meses del año se realizaran mesas de trabajo entre empresarios, legisladores y gobierno, para hacer precisiones en la ley.
Al respecto, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y coordinador de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, señaló que se han tenido reuniones entre el equipo jurídico de la Coparmex, de la Alianza Empresarial y de la Secretaría General de Gobierno para externar las inquietudes de la Iniciativa Privada y sumar algunas propuestas.
Mencionó que por ejemplo, una de las peticiones del sector empresarial es que se incluyan estímulos para quienes ya implementan medidas para el cuidado del medio ambiente, y que se precise a qué empresas se aplicará el impuesto para así evitar que después se utilice este gravamen para “extorsionar”.
Señaló que desde el sector empresarial se busca que San Luis Potosí tome el ejemplo de otros estados que ya aplican impuestos similares, para que aplique lo mejor de ellos, se adecúe a la entidad, y se mantenga la atracción de inversiones.
Por separado, Gerardo Bocard Meraz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), aclaró que “no es que estemos en contra de un impuesto ecológico, al contrario creemos que es algo positivo, siempre y cuando sea claro, sencillo, barato, y que los recursos que se recauden vayan a la mejora de la calidad de vida de los potosinos”.
Mencionó que entre las propuestas también se ha tocado el monto de las multas, “se han propuesto modificaciones principalmente al importe que se cobrará por cada unidad equivalente de carbono generado, consideramos que 3 UMAS es muy alto”, pues por ejemplo, aunque gobierno estimó recaudar 6 millones de pesos, con esos montos la recaudación rondaría los 500 millones de pesos; incluso mencionó el caso de Nuevo León, que tiene un impuesto similar y el año pasado obtuvo más de 2 mil millones de pesos, “estamos trabajando para ver que tengamos un monto adecuado de cobro”.
Igualmente, dijo que se debe revisar quién se hará cargo de verificar las emisiones de las empresas, pues actualmente es responsabilidad de cada fábrica hacer una cédula de emisiones, “y no sabemos si el día de mañana la autoridad tendrá la capacidad de ir a medirte, es parte de los procesos de aclaración”.
Se prevé que en lo que resta del mes se tenga listo un primer “borrador” con las adecuaciones a la ley, para entonces someterlo a consideración del sector empresarial en las mesas de trabajo en marzo.
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