Detención de ex funcionarios, constante que se repite con misma fórmula

La detención de ex funcionarios del gobierno inmediato anterior –federal, estatal y municipal- como forma de ratificar un gobierno no ha perdido vigencia; en San Luis Potosí la historia reciente no ha sido diferente, ha habido desde quienes hacen todo por “limpiar su nombre” al salir de prisión, hasta quienes han hecho huelgas de hambre durante su reclusión.

“Fernando Silva Nieto, te espera la cárcel”, era el mensaje retador por parte del pulpo camionero al todavía mandatario estatal, que todo mundo podía ver en cada unidad del transporte público, luego de haber golpeado a sus intereses -por décadas jamás vulnerados- con el ingreso de Dina de Occidente (Transportes Tangamanga) a la capital potosina, para romper con ese monopolio.

El ex gobernador, famoso por enamorado y bohemio, nunca pisó un juzgado.

No tuvieron tanta suerte, su titular de Finanzas, Olegario Galarza Grande, ni el director del controvertido proyecto “Invernaderos de Santa Rita”, Antonio Navarro Robles Gil; quienes sucumbieron a la cacería emprendida por el gobernador panista, Marcelo de los Santos Fraga, en contra de varios ex funcionarios “silvanietistas”, por presunta corrupción.

Luego de un sexenio, el 10 de junio de 2010, agentes de la policía ministerial detuvieron a Joel Azuara Robles, ex secretario de Finanzas; y Humberto Picharra Carrete, oficial mayor; pertenecientes al gobierno de De los Santos; quienes de inmediato fueron llevados al penal de La Pila acusados de ejercicio indebido del servicio público y peculado.

La detención se efectuó con base en una denuncia del secretario de Finanzas de Fernando Toranzo, Jesús Conde Mejía, por presuntas anomalías en la adquisición de un helicóptero por 46 millones de pesos.

Toranzo fue compañero de gabinete de los detenidos, cuando fungió como titular de los Servicios de Salud del panista.

El titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, Cándido Ochoa Rojas, señaló a ambos ex funcionarios por ordenar la fabricación del aparato y pagar 640 mil dólares de enganche para la compra, cuyo costo era de 27 millones de pesos; extrañamente, esa transacción se cambió por un arrendamiento a 24 meses, de acuerdo con un contrato celebrado el 6 de junio de 2006 con la empresa Autos Tangamanga S.A.

Esta maniobra implicó un beneficio a terceros por 46 millones de pesos, debido a que el costo por el supuesto arrendamiento fue superior al precio de compra de la aeronave. La adquisición se realizó con recursos federales del Fondo de Seguridad Pública.

El auto de formal prisión llegó a Azuara y Picharra por el delito de fraude, ejercicio indebido de la función pública, peculado y asociación delictuosa por $1,500 millones de pesos.

Meses después, el 18 de octubre se detuvo a la ex coordinadora de Comunicación Social, María Luisa Paulín Hernández, acusada de los delitos de peculado, uso indebido de la función pública y asociación delictuosa.

Aunque no se descartaban otras aprehensiones, ya que existía el delito de asociación delictuosa, nadie más pisó la cárcel; siempre se dijo que la detención fue una revancha personal del gobernador en turno y su esposa.

Las irregularidades en torno al caso de Paulín se acumularon a lo largo de los meses, a pesar de que contaba con un amparo que, además de liberarla, la exoneraba de todo cargo en su contra.

A pesar de que Marcelo de los Santos delineó los perfiles de su mandato con las características del derroche y la prepotencia, nunca llegó a ser juzgado.

La historia de Fernando Toranzo fue diferente, su sucesor, Juan Manuel Carreras López, emanado del mismo partido, fue terso con él y sus funcionarios.

Sin embargo la historia podía cambiar, a la reciente detención de Mónica N. podrían sumarse otras que lleguen hasta dos administraciones atrás, ya que existe una denuncia contra ex funcionarios y particulares que resulten responsables de peculado, cohecho, ejercicio ilícito de la función pública y asociación delictuosa por las obras de la Red Metro.

Incluso se ha dado a conocer que fue difícil conformar la denuncia, ya que se encubrió mucha corrupción durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador, “siendo que el proyecto de la Red Metro inició cuando aún era gobernador Fernando Toranzo Fernández, por lo que las investigaciones llegarán hasta estos funcionarios”.

Las obras quedaron inconclusas y, pese a ello, se pagaron 180 millones de pesos, cuando se calcula que el monto real que se destinó a este proyecto no llega a los 40 millones.

En la mayoría de los casos, las detenciones están sustentadas, los proyectos que generaron la persecución de estos funcionarios fueron controvertidos; a lo anterior se suma la constante de que siempre han caído los segundos a bordo, nunca los capitanes del barco.