El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado diputado José Luis Fernández Martínez, dijo que el Estado y el ayuntamiento deben garantizar la prestación de los servicios en el municipio de Matehuala, en tanto se resuelve el tema jurídico del edil Iván N.
“Desconozco en qué momento se vaya a resolver esta formalidad de su situación legal, pero en cuanto eso ocurra, tendríamos que hacer un análisis de cuáles son las condiciones en las que quedaría este municipio”.
Manifestó que, por lo pronto, hay que estar pendientes de cómo llevan este proceso y qué resuelve el Poder Judicial del Estado en cuanto a la situación legal de esta persona y asumir que el Estado y el Ayuntamiento de Matehuala tienen toda la obligación de mantener los servicios y mantener funcionando esta demarcación.
El diputado Fernández Martínez expuso que coincide con quienes han hecho pronunciamientos en este caso, “aquí se debe correr por una vía jurisdiccional y por otra que es la vía política”.
La política se hace en la calle con resultados de cara a los ciudadanos, a los electores y cuando uno tiene que dar cuentas de qué hacer ante la vía jurisdiccional, tiene que ser en ese sentido. Me sumo a esa petición de que cualquier asunto que se lleve en estos términos, esté alejado de cuestiones políticas y que sea un asunto estructuralmente jurídico y de justicia para las personas”.
Fernández Martínez señaló que “estamos ante un sistema penal acusatorio que tiene muchas vertientes y muchas variables, por eso, antes de generar un pronunciamiento desde aquí, desde el Congreso del Estado, que pueda generar mayor inestabilidad en ese municipio, esperaríamos a que se determine cuál es la situación jurídica formal de esta persona que está siendo indiciada en un procedimiento penal y una vez que tengamos ese estatus, pudiéramos emitir alguna opinión qué es lo que seguiría”.
Expuso el legislador que “el sábado nos enteramos que hicieron la detención de un presidente municipal. Nosotros estamos aún con poca información sobre el proceso que se está siguiendo en este asunto y hay un término constitucional para poder resolver la situación jurídica de esta persona, que entiendo que son 72 horas en una manera ordinaria y 144 en un plazo extendido”.
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