Durante la próxima semana se podrían obtener más suspensiones en contra de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), indicó José Mario de la Garza Marroquín, integrante del colectivo No Más Derroches.

Luego de que en la última semana se han obtenido dos suspensiones más en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el abogado potosino manifestó que aún hay otros 10 expedientes en los que se pudieran obtener suspensiones, pues recordó que el colectivo No más Derroches presentó 147 demandas de amparo en contra del proyecto, “queremos tener un bloque de unas 20 suspensiones que nos den fortaleza para parar los dos proyectos”.

Manifestó que con estas acciones se busca ejercer el derecho ciudadano al amparo, para pasar de ser sólo una voz crítica, a la acción, por lo que además negó que existan intereses políticos detrás de los amparos, sino que se trata de organizaciones “pro democracia y estado de derecho”; el colectivo está integrado por Coparmex, Mexicanos Contra la Corrupción y el Consejo General de la Abogacía.

Indicó que con esta acción se cuestiona si el Ejército está facultado para construir un aeropuerto civil, el tema ambiental, lo correspondiente al presupuesto, el hecho de que no habrá licitaciones para el NAICM en Santa Lucía, y si la construcción del aeropuerto en Texcoco se hizo adecuadamente.

De la Garza Marroquín reconoció que el gobierno federal tiene la posibilidad de impugnar las suspensiones y revertirlas, sin embargo se dijo confiado en que la demanda se ha sustentado correctamente y podrá mantenerse, “y esto implicaría que no puede construir Santa Lucía, y no puede inundar Texcoco hasta en tanto no se resuelvan los juicios de amparo, le calculamos un año, entonces vamos a ver qué contexto da que en un año no puedas hacer ni una ni otra cosa”.

Finalmente, señaló que con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la intención de construir en Santa Lucía, se han tirado a la basura miles de millones de pesos de los mexicanos, por lo que el colectivo decidió someter la decisión presidencial al escrutinio de los tribunales, “un tribunal tendrá que determinar si el Presidente de la República actúa conforme a derecho o no”.