En el proceso electoral 2024 donde se disputarán más de 5,000 cargos de elección popular, los violentadores de mujeres en diferentes ámbitos y deudores alimentarios, no podrán ser candidatos gracias a la Ley 3 de 3 aprobada el 30 de mayo del año pasado.
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y el Supremo Tribunal de Justicia firmaron un convenio de colaboración para verificar que ningún candidatos se encuentre en esta situación y sea elegible para contender por un cargo.
Estuvieron en el evento la presidenta del CEEPAC Paloma Blanco Lopez y la magistrada presidenta del STJ Manuela García Cázares así como representantes de colectivas feministas, del Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí y el delegado del INE, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas.
La firma de Convenio de Colaboración entre el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y el Poder Judicial del Estado para la implementación de la "Ley 3 de 3 contra la violencia" en San Luis Potosí, es un acto de valentía que busca dignificar la vida pública en San Luis.
Paloma Blanco López presidenta del organismo electoral, señaló que es un paso crucial de compromiso compartido para erradicar la violencia política hacia las mujeres en razón de género y para dignificar el quehacer político y recordó, que se ha mencionado que la Ley 3 de 3 es un avance para los derechos de las mujeres, pero también lo es para dignificar la labor política y el escenario político.
Reconoció la valentía de las mujeres que desde la sociedad civil organizada han impulsado este tema “porque detrás de cada política pública, de cada programa público, de cada ley, de cada reforma en el tema de género hay historias de mucho dolor, historias hasta de terror, pero también hay resiliencia, también hay acompañamiento y por eso resulta tan relevante que la sociedad civil sean testigos de este convenio y que posteriormente vigilen su cumplimiento, como autoridades nos toca acatar lo que con tanto esfuerzo ha costado a las víctimas”, expuso.
Por su parte, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrada María Manuela García Cázares resaltó que la implementación de la “3 de 3 contra la violencia” es fundamental hacia la construcción de un entorno político más justo y equitativo, para lograr que las personas que aspiren a cargos de elección popular en el proceso electoral 2024 cumplan con la Ley 3 de 3 contra la violencia de género.
“Esta Ley es pionera en el país ya que establece que las personas aspirantes a cargos públicos no deben haber sido sentenciadas por actos de violencia familiar, doméstica o en contra de las mujeres en el ámbito político; no ser personas deudoras alimentarias morosas, esto marca un hito importante en nuestra lucha contra la violencia de género”, indicó.
La titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Urenda Queletzú Navarro Sánchez, quien acudió como testigo de honor, calificó como una conquista para los derechos humanos de las mujeres en el ejercicio del ámbito político, a la firma del Convenio, pues implica poner sobre la mesa de la reflexión el hecho de que las estructuras de poder políticas y los cargos de representación han sido usados históricamente para beneficio de quienes resultan ser ofensores de mujeres, y quienes han usado esas estructuras de poder para encargarse en muchos de los casos de obstaculizar la vida de esas mujeres a las que han violentado, ya que han reproducido esas mismas violencias en el ejercicio de sus funciones y la historia demuestra que las estructuras de poder favorecen y siguen favoreciendo la permanencia en muchos de los casos de esos actores.
“La importancia del convenio es tal porque nos permite a las mujeres avanzar en que las estructuras de decisión política a las cuales nos sigue costando hoy en día acceder vayan siendo estructuras que no favorezcan reproducción y producción de formas de violencia hacia nosotras con personas que de forma anticipada sepamos que a han ejercido y que en consecuencia se inserte esta necesaria dignificación y ética del servicio público”, subrayó.
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