Aunque es entendible la postura del gobernador para endurecer las sanciones contra los violadores, la propuesta de la castración química va en contra del orden jurídico mexicano y de tratados internacionales en derechos humanos, destacó Juan Manuel Frías Sánchez, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Este martes el gobernador del estado insistió en su propuesta de imponer la castración química contra violadores en el estado, al respecto, el Secretario Ejecutivo de la CEDH mencionó que si bien es entendible la postura del mandatario estatal y de la sociedad potosina, hay que tomar en cuenta que una pena como esa, va en contra del orden jurídico mexicano.
Explicó que el marco jurídico del país “siempre le ha apostado a la prevención y la readaptación social, y están prohibidos los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del Estado”, y eso incluye sanciones como la propuesta, que implica la mutilación del organismo.
Aunado a ello, destacó que México está suscrito a tratados internacionales en materia de derechos humanos que igualmente prohíben este tipo de sanciones. Por ello, señaló que en caso de que el Congreso del Estado siga adelante con esta propuesta, la CEDH sugiere que realice mesas de trabajo en las que se le tome en cuenta al organismo autónomo “para intervenir desde la preparación de la iniciativa”.
También señaló que en caso de que el Legislativo decida presentar la iniciativa, la CEDH tendría que analizar en qué términos se presenta para entonces decidir qué acciones tomar, entre las cuales estaría promover un acto de inconstitucionalidad para hacer el orden jurídico nacional e internacional.
Frías Sánchez sugirió que para disminuir o erradicar las violaciones sexuales en la entidad potosina, habría que trabajar en materia de prevención del delito, así como en la impunidad que tiene el sistema penal y fortalecer la impartición de justicia.