ASE podría apelar acuerdo de jueza con ex funcionarios por fiesta inexistente

La titular de la Auditoría Superior del Estado Rocío Cervantes Salgado afirmó que el equipo jurídico analiza apelar el acuerdo de la jueza con implicados en la fiesta inexistente, ya que el monto no les permitía el derecho a pagar en abonos sino una pena de cárcel de hasta siete años; por lo pronto, buscará que se les inhabilite ocupar cargos públicos hasta por 20 años.

Además, los mismos involucrados encabezados por el ex auditor José de Jesús Martínez Loredo, están vinculados a dos denuncias más, una por a “nómina secreta” y otra por la omisión del pago de 34 millones de pesos a la Dirección de Pensiones, donde ya no podrían tener acuerdos reparatorios sino prisión directa, de ser encontrados culpables.

“Es una causa grave que se configuró como delito, en estos casos, se tendrán que emitir responsabilidades administrativas en contra de quienes fueron denunciados”, señaló Cervantes Salgado al informar que esta tarea deberá de caer en el órgano de control interno del propio organismo fiscalizador y específicamente, en el caso del ex titular, será el Congreso del Estado quien deberá establecer la inhabilitación correspondiente.

Manifestó que la ASE en ningún momento estuvo de acuerdo con esa posibilidad de acuerdo reparatorio, al considerar que los responsables no cumplían los requisitos para tener derecho a este recurso legal, en virtud de que al monto desviado de las arcas del organismo fiscalizador, corresponde una pena corporal máxima de siete años y seis meses.

Sin embargo la reparación del daño aplica cuando la pena corporal corresponde a un período menor a los cinco años, lo que en este caso no aplicaba. No obstante, la jueza determinó lo contrario y accedió a la reparación del daño por el monto desviado en su momento más actualizaciones, cantidad que asciende a 721 mil 654 pesos.

La ASE ya tiene en su cuenta un importe de 350 mil pesos, el monto restituido debe ser manejado como una ampliación presupuestal y ejercerse de acuerdo a la normativa vigente, que establece su aplicación a gasto de infraestructura y equipamiento.