/ miércoles 19 de diciembre de 2018

5 municipios han sido afectados por conflictos agrarios

Benefició a una veintena de empresas inmobiliarias y constructoras, que operan apoyados por las policías estatales y dependencias gubernamentales

San Luis Potosí es líder del mercado de tierras y conflictos agrarios, práctica que inició desde 1993, cuando en ningún otro Estado, se registraba este acto de corrupción y abuso de poder, "arropados" por reformas a las leyes y la propia autoridad; a la fecha, los municipios de Mexquitic, Villa de Reyes, Zaragoza, Soledad y la capital potosina son los más afectados.

Hasta el momento se tienen documentados 15 mil ejidatarios afectados y 20 mil hectáreas incorporadas al "dominio pleno", que benefició a una veintena de empresas inmobiliarias y constructoras, que operan apoyados por las policías estatales y dependencias gubernamentales.

Se mantienen demandas ante el Tribunal Agrario, en contra de la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y diversos Ayuntamientos; son mínimas las que se han resuelto favorablemente.

Lo anterior fue señalado por los asesores legales de los disidentes, Carlos Covarrubias Rendón y Alberto Suárez Castillo, quienes recordaron que en el año de 1990, varios desarrolladores de la entidad, fueron informados sobre la inminente reforma al artículo 27 constitucional, y la emisión de una nueva Ley Agraria que permitiría la adquisición del “dominio pleno”.

"En 1991 fueron visitados los ejidatarios de algunos núcleos como Garita de Jalisco, Capulines, el Terrero, por empresarios que comentaban sobre la inminente reforma al artículo 27. En el caso de Garita de Jalisco incluso a generar promesas de venta".

Ya en el año 1993 la “ofensiva empresarial”, en el marco de la nueva ley agraria irrumpió en Garita de Jalisco formándose diversas sociedades mercantiles. Lomas de la Garita, Desarrollo del Pedregal y la Tenería, las que se conformaron entre marzo y diciembre de 1994, detallaron.

"Un modelo que intentó reproducir la Garita, fue el Aguaje, sin embargo se optó por un modelo que consistió en adquisición de dominio pleno y venta en greña. Ahí el grupo el Gran Peñon, representada por Urbano Díaz de León se apoderó de 600 hectáreas".

Además, recordaron, que gracias a las reformas, el ejido El Terrero fue cooptado por el grupo "Valoran" para la construcción del primer Interpuerto Fiscal del país, que unifica los ejes carreteros y ferroviarios más importantes de México.

El siguiente ejido fue Capulines a finales de los años noventa por medio del grupo “Intersaba” propiedad de la familia Payán, ellos adquirieron 700 hectáreas.

"Ahí el mecanismo fue enlistar como posesionarios a diversos inversionistas, asignándoles parcelas y luego adquiriendo el dominio pleno. Ahí está hoy los desarrolladores de Villa Magna y Horizontes".

La Pila siguió en la mira con sus seis mil hectáreas, como una expansión urbano industrial. Sin embargo las pugnas evitaron durante años la llamada certificación de "Procede" y "Fanar", hasta que fue impuesta apenas el 18 de Noviembre.

"Los Ejidos de Villa de Reyes fueron el objetivo cuando la Pila se negó a certificar y vender sus áreas comunes. En este sentido se emite un plan de desarrollo urbano a la medida de los parques logísticos, entonces con modelos de reconocimiento de avecindado empresarios, los ejidos Emiliano Zapata, Jesús María, El Pardo y a últimas fechas Rodrigo, entregaron en medio de conflictos cerca de cinco mil hectáreas a grupos relacionados con la familia del Valle y empresas como Century XXI y CD. Maderas".

También está, San José de Buenavista en la Ciudad de San Luis Potosí, una comunidad controlada por empresarios y con una idea de urbanizar 500 hectáreas.

Éstos son sólo unos ejemplos, dijeron, de la situación que se mantiene desde hace casi tres décadas, sin que haya autoridad que regule, o apoye a los ejidatarios y sus familias, a quienes se les ha lacerado sus derechos, y su patrimonio, indicó.

A números redondos, reiteró, son aproximadamente 15 mil ejidatarios afectados y 20 mil hectáreas incorporadas al “dominio pleno”, es decir, que las parcelas, ya no estarán sujetas al régimen ejidal y podrán adquirirse bajo el régimen de la “propiedad privada”, regida por el derecho común; una veintena de empresas constructoras e inmobiliarias se han visto beneficiadas.

San Luis Potosí es líder del mercado de tierras y conflictos agrarios, práctica que inició desde 1993, cuando en ningún otro Estado, se registraba este acto de corrupción y abuso de poder, "arropados" por reformas a las leyes y la propia autoridad; a la fecha, los municipios de Mexquitic, Villa de Reyes, Zaragoza, Soledad y la capital potosina son los más afectados.

Hasta el momento se tienen documentados 15 mil ejidatarios afectados y 20 mil hectáreas incorporadas al "dominio pleno", que benefició a una veintena de empresas inmobiliarias y constructoras, que operan apoyados por las policías estatales y dependencias gubernamentales.

Se mantienen demandas ante el Tribunal Agrario, en contra de la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y diversos Ayuntamientos; son mínimas las que se han resuelto favorablemente.

Lo anterior fue señalado por los asesores legales de los disidentes, Carlos Covarrubias Rendón y Alberto Suárez Castillo, quienes recordaron que en el año de 1990, varios desarrolladores de la entidad, fueron informados sobre la inminente reforma al artículo 27 constitucional, y la emisión de una nueva Ley Agraria que permitiría la adquisición del “dominio pleno”.

"En 1991 fueron visitados los ejidatarios de algunos núcleos como Garita de Jalisco, Capulines, el Terrero, por empresarios que comentaban sobre la inminente reforma al artículo 27. En el caso de Garita de Jalisco incluso a generar promesas de venta".

Ya en el año 1993 la “ofensiva empresarial”, en el marco de la nueva ley agraria irrumpió en Garita de Jalisco formándose diversas sociedades mercantiles. Lomas de la Garita, Desarrollo del Pedregal y la Tenería, las que se conformaron entre marzo y diciembre de 1994, detallaron.

"Un modelo que intentó reproducir la Garita, fue el Aguaje, sin embargo se optó por un modelo que consistió en adquisición de dominio pleno y venta en greña. Ahí el grupo el Gran Peñon, representada por Urbano Díaz de León se apoderó de 600 hectáreas".

Además, recordaron, que gracias a las reformas, el ejido El Terrero fue cooptado por el grupo "Valoran" para la construcción del primer Interpuerto Fiscal del país, que unifica los ejes carreteros y ferroviarios más importantes de México.

El siguiente ejido fue Capulines a finales de los años noventa por medio del grupo “Intersaba” propiedad de la familia Payán, ellos adquirieron 700 hectáreas.

"Ahí el mecanismo fue enlistar como posesionarios a diversos inversionistas, asignándoles parcelas y luego adquiriendo el dominio pleno. Ahí está hoy los desarrolladores de Villa Magna y Horizontes".

La Pila siguió en la mira con sus seis mil hectáreas, como una expansión urbano industrial. Sin embargo las pugnas evitaron durante años la llamada certificación de "Procede" y "Fanar", hasta que fue impuesta apenas el 18 de Noviembre.

"Los Ejidos de Villa de Reyes fueron el objetivo cuando la Pila se negó a certificar y vender sus áreas comunes. En este sentido se emite un plan de desarrollo urbano a la medida de los parques logísticos, entonces con modelos de reconocimiento de avecindado empresarios, los ejidos Emiliano Zapata, Jesús María, El Pardo y a últimas fechas Rodrigo, entregaron en medio de conflictos cerca de cinco mil hectáreas a grupos relacionados con la familia del Valle y empresas como Century XXI y CD. Maderas".

También está, San José de Buenavista en la Ciudad de San Luis Potosí, una comunidad controlada por empresarios y con una idea de urbanizar 500 hectáreas.

Éstos son sólo unos ejemplos, dijeron, de la situación que se mantiene desde hace casi tres décadas, sin que haya autoridad que regule, o apoye a los ejidatarios y sus familias, a quienes se les ha lacerado sus derechos, y su patrimonio, indicó.

A números redondos, reiteró, son aproximadamente 15 mil ejidatarios afectados y 20 mil hectáreas incorporadas al “dominio pleno”, es decir, que las parcelas, ya no estarán sujetas al régimen ejidal y podrán adquirirse bajo el régimen de la “propiedad privada”, regida por el derecho común; una veintena de empresas constructoras e inmobiliarias se han visto beneficiadas.

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