/ martes 10 de marzo de 2020

SCJN reduce al 50% el presupuesto de los partidos políticos en Tabasco

Por mayoría de nueve votos, los ministros señalaron como válidas las reformas al artículo 9 de la constitución estatal, que permitieron la disminución en este gasto

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avaló la reducción del 50% en el presupuesto para los partidos políticos en el estado de Tabasco. Por mayoría de nueve votos, los ministros señalaron como válidas las reformas al artículo 9 de la constitución estatal, que permitieron la disminución en este gasto.

En sesión de este martes, los ministros analizaron el proyecto del ministro Mario Pardo Rebolledo, quien dijo que la Constitución Federal no señala que el presupuesto público que los gobiernos estatales entregan a los partidos políticos tiene que ser igual para todos: “no establece que el financiamiento público para los partidos políticos sea igualitario, sino que señala que debe ser equitativo”.

Este tema ya había sido abordado por los ministros en septiembre del año pasado, en ese entonces se invalidó un decreto que también ordenaba la disminución del 50% en el presupuesto para los partidos políticos en Tabasco.

En esa ocasión, los ministros consideraron que el congreso local había invadido facultades legislativas del Congreso de la Unión.

Esto obligó a los diputados locales volver a legislar sobre el tema, esta vez reformando la constitución estatal y diferenciando entre las normas para entregar financiamiento a los partidos políticos que sólo tienen registro local, y a los nacionales que hayan obtenido por lo menos el 3 por ciento de la votación total en la entidad.

Esta nueva reforma, si obtuvo el aval de los ministros de la SCJN, quienes señalaron que se apega a lo marcado en el artículo 116, fracción IV, inciso G, de la Constitución Federal, sobre la obligación de los gobiernos estatales de otorgar a los partidos políticos recurso de manera equitativa para que cumplan con sus actividades ordinarias permanentes y en la búsqueda por obtener el voto popular.

En la sesión, Mario Pardo Rebolledo, señaló que el legislador consideró un financiamiento estatal diferenciado para los partidos políticos nacionales y los locales, tomando en cuenta la situación actual del país y la necesidad de reducir los gastos de las elecciones, y específicamente de las campañas electorales, que generen condiciones que permitan el crecimiento económico en el estado de Tabasco.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avaló la reducción del 50% en el presupuesto para los partidos políticos en el estado de Tabasco. Por mayoría de nueve votos, los ministros señalaron como válidas las reformas al artículo 9 de la constitución estatal, que permitieron la disminución en este gasto.

En sesión de este martes, los ministros analizaron el proyecto del ministro Mario Pardo Rebolledo, quien dijo que la Constitución Federal no señala que el presupuesto público que los gobiernos estatales entregan a los partidos políticos tiene que ser igual para todos: “no establece que el financiamiento público para los partidos políticos sea igualitario, sino que señala que debe ser equitativo”.

Este tema ya había sido abordado por los ministros en septiembre del año pasado, en ese entonces se invalidó un decreto que también ordenaba la disminución del 50% en el presupuesto para los partidos políticos en Tabasco.

En esa ocasión, los ministros consideraron que el congreso local había invadido facultades legislativas del Congreso de la Unión.

Esto obligó a los diputados locales volver a legislar sobre el tema, esta vez reformando la constitución estatal y diferenciando entre las normas para entregar financiamiento a los partidos políticos que sólo tienen registro local, y a los nacionales que hayan obtenido por lo menos el 3 por ciento de la votación total en la entidad.

Esta nueva reforma, si obtuvo el aval de los ministros de la SCJN, quienes señalaron que se apega a lo marcado en el artículo 116, fracción IV, inciso G, de la Constitución Federal, sobre la obligación de los gobiernos estatales de otorgar a los partidos políticos recurso de manera equitativa para que cumplan con sus actividades ordinarias permanentes y en la búsqueda por obtener el voto popular.

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