PUEBLA. La eliminación del fuero constituconal en Puebla tiene destinatarios, entre ellos el magistrado Jorge Cruz, que fue secretario de Educación y titular de obras educativas en la administración de Rafael Moreno Valle, y el diputado José Juan Espinosa, quien es crítico del gobernador Miguel Barbosa y tiene pendientes sus cuentas públicas como edil de Cholula.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia Jorge Cruz Bermúdez, quien fue nombrado en la anterior legislatura con mayoría morenovallista, podría ser juzgado por presuntos delitos cometidos en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).
En la lista de los posibles funcionarios que serían procesados se encuentran los diputados José Juan Espinosa Torres, a quien se le acusa del desvío de recursos por el orden de 30 millones de pesos cuando fue presidente municipal de San Pedro Cholula, y Gerardo Islas Maldonado, a quien se le adjudican presuntas irregularidades en la entrega de apoyos para la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017, siendo titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).
También el diputado sin partido, Marcelo García Almaguer, exoperador del fallecido exgobernador, quien fue señalado de orquestar campañas negras y contratar empresas “fantasma” durante los gobiernos de Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.
Otros magistrados del TSJ que fueron nombrados en la pasada legislatura son José Montiel Rodríguez, exsubsecretario jurídico de la extinta Secretaría General de Gobierno, e Ignacio Galván Centeno, esposo de la extitular de Secretaría Salud estatal, Arely Sánchez Negrete. Aunque a estos exfuncionarios solo se les acusó de tener vínculos con el morenogalismo.
Sobre el tema, el diputado José Juan Espinosa afirmó que no necesita del fuero constitucional, tiene la conciencia tranquila, tan es así que espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla lo llame sobre los delitos que se le imputan y poder defenderse de forma contundente de las calumnias, que asegura son alentadas desde el gobierno del estado para callarlo.
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